El gobierno de Río Negro y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) acordaron retomar el relevamiento de tierras indígenas en la provincia, luego de varios años de negociaciones estancadas. El acuerdo, firmado en Buenos Aires por el gobernador Alberto Weretilneck, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el presidente del INAI Claudio Avruj, establece que el organismo nacional asumirá la responsabilidad técnica de este proceso, según lo estipulado por la Ley N° 26.160.
Sin la participación de referentes de las comunidades mapuches, que desde hace tiempo reclamaban la reactivación del relevamiento, el nuevo convenio marcará un cambio en la modalidad del trabajo. En lugar de ser administrado por la provincia o las organizaciones indígenas, como ocurrió en etapas anteriores, será el INAI quien coordine la tarea a través de dos equipos técnicos especializados, con la intervención del Consejo de Participación Indígena, un órgano a nivel nacional que cuenta con representantes de los distintos pueblos originarios.
El gobernador Weretilneck destacó que este acuerdo permitirá concluir los relevamientos pendientes e iniciar nuevos, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas de la provincia. Sin embargo, las organizaciones mapuches, que no participaron del acuerdo, expresaron su preocupación por la falta de consulta y el nuevo enfoque adoptado.
Un relevamiento con demoras y conflictos
La ejecución de la Ley N° 26.160, que busca relevar tierras ocupadas tradicionalmente por pueblos indígenas, ha enfrentado importantes retrasos en todo el país. En Río Negro, se estima que aún faltan más de 100 comunidades por relevar. El primer período de relevamiento, iniciado en 2009 y gestionado por organizaciones mapuches, concluyó con la revisión de 54 comunidades. En la siguiente década, ya con la provincia al frente del proceso, se avanzó en 10 carpetas técnicas adicionales.
El estancamiento en las negociaciones entre la provincia y los representantes mapuches, como la Coordinadora del Parlamento Mapuche y el Consejo de Desarrollo Indígena (Codeci), se debió a desacuerdos sobre la coordinación operativa del relevamiento. Las organizaciones reclamaban mayor participación y consulta en el proceso, así como el reconocimiento de la propiedad comunitaria, un tema que aún no ha sido resuelto.
Conflictos judiciales y nuevos desafíos
El acuerdo entre el gobierno provincial y el INAI llega en un contexto marcado por conflictos territoriales. Días antes de la firma, el INAI anuló un expediente de reconocimiento territorial a la comunidad Buenuleo en Bariloche, argumentando la falta de participación de la provincia en el proceso. Este caso, que involucra un litigio judicial con un particular que reclama una fracción de las tierras ocupadas por la comunidad, es uno de los muchos desafíos que enfrenta la nueva etapa del relevamiento.
El convenio firmado establece que la provincia proporcionará información catastral y de personería jurídica y facilitará veedores para supervisar las tareas de los equipos técnicos del INAI. Además, se creará una unidad provincial que coordinará y consensuará los cronogramas y resultados del relevamiento.
A pesar del avance en las negociaciones, persisten dudas sobre la efectividad del nuevo esquema de trabajo y la falta de involucramiento directo de las comunidades mapuches en el proceso. Las organizaciones indígenas seguirán observando de cerca el desarrollo de este relevamiento, que resulta clave para el reconocimiento de sus derechos territoriales en la provincia.