El Ministerio de Seguridad de Río Negro puso en vigencia la ley N° 5726, que prohíbe el funcionamiento de radares de velocidad sin autorización provincial y anula más de 400.000 infracciones. La medida ha generado críticas debido a su aplicación parcial, según el presidente del bloque del ARI, Javier Acevedo, quien también pidió la renuncia del titular de la Agencia de Seguridad Vial, Marcelino Di Gregorio.

La nueva normativa otorga a la Agencia de Seguridad Vial (APSV) un plazo de 90 días para regularizar los cinemómetros en rutas y caminos, prohibiendo aquellos no autorizados. Desde su implementación en 2021, estos radares generaron 445.000 infracciones, de las cuales 41.500 fueron abonadas, mientras que 403.500 deberán ser anuladas.

Acevedo denunció que la Provincia no actuaría sobre radares no habilitados por la APSV, algunos autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y otros sin permisos. Señaló que la ley no se está cumpliendo completamente y advirtió sobre posibles denuncias penales contra funcionarios por incumplimiento de deberes.