La primera audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares comenzó en un clima de fuerte tensión política y cuestionamientos. El Congreso amaneció con un amplio operativo de seguridad y acceso limitado, en una jornada donde la participación fue mínima en relación a la cantidad de inscriptos.

Según los datos oficiales, más de 100 mil personas se anotaron para exponer, pero solo 180 lograron hacerlo en la primera jornada. La situación generó reclamos desde temprano, con personas que quedaron afuera del vallado y denunciaron restricciones para participar.

Además, hubo cuestionamientos sobre la organización: el listado de oradores no fue informado previamente y algunos inscriptos aseguraron haber sido convocados sin poder ingresar. Frente a esto, sectores de la oposición decidieron impugnar la audiencia, anticipando posibles acciones judiciales.

Durante el debate, la mayoría de las exposiciones coincidió en rechazar la reforma. De los participantes, solo un número reducido defendió el proyecto, mientras que el resto advirtió que la iniciativa podría derivar en conflictos legales prolongados.

Uno de los principales ejes de crítica apuntó a que la reforma permitiría a las provincias definir de manera individual el valor ambiental de los glaciares, lo que, según los expositores, podría generar criterios distintos y afectar recursos hídricos compartidos.

También hubo momentos de alta tensión dentro del recinto. Discusiones entre legisladores y cruces con expositores marcaron una jornada atravesada por el conflicto político y social.

En paralelo, especialistas y organizaciones ambientales advirtieron que, en caso de avanzar, la ley podría enfrentar múltiples presentaciones judiciales y cuestionamientos de constitucionalidad.

El debate recién comienza, pero la primera audiencia dejó un escenario claro: participación limitada, fuerte rechazo y un conflicto que promete escalar dentro y fuera del Congreso.