El 19 de noviembre de 2024, el Foro de Jueces Penales de Cipolletti condenó a un hombre de Catriel a un año de prisión en suspenso por delitos de violencia de género perpetrados contra su expareja. La sentencia, dictada por la jueza María Florencia Caruso, incluye medidas cautelares y terapéuticas para prevenir nuevos episodios de violencia.

El fallo surge a partir de dos episodios registrados en octubre y noviembre de este año. En el primero, el hombre amenazó a su expareja con un cuchillo, diciéndole que prefería matarla y suicidarse antes que aceptar la separación. En el segundo, ingresó sin autorización al domicilio de la mujer, intentó asfixiarla y desobedeció órdenes judiciales que le prohibían acercarse a ella. Estos actos ocurrieron mientras los hijos menores de edad de la víctima se encontraban en la vivienda, lo que agravó aún más la situación.

El acusado fue sentenciado a prisión en suspenso debido a la falta de antecedentes penales, su aceptación de los hechos y el consentimiento de la víctima para priorizar medidas de protección. Además, la resolución establece una serie de condiciones obligatorias durante dos años, entre las que se incluyen la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, el inicio de tratamiento psicológico, la participación en un curso de masculinidades y la obligación de comparecer periódicamente en una comisaría. La jueza advirtió que el incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación de la prisión en suspenso y la ejecución efectiva de la pena.

El caso refleja la gravedad de las conductas del acusado, que fueron calificadas como amenazas agravadas por el uso de arma blanca, lesiones leves agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género, violación de domicilio y desobediencia reiterada a órdenes judiciales. La fiscalía presentó pruebas contundentes, como testimonios de la víctima, familiares y personal médico, además de elementos secuestrados en los lugares donde ocurrieron los hechos.

Si bien las medidas adoptadas buscan abordar las causas estructurales de la violencia y garantizar la seguridad de la víctima, su efectividad dependerá de la capacidad del sistema para supervisar su cumplimiento. El fallo deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y prevención, tanto en el ámbito judicial como en las políticas públicas de asistencia integral a las víctimas.