El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, declaró una postura de «tolerancia cero» hacia quienes intenten «atentar contra las instituciones democráticas de la provincia». A raíz de los incidentes registrados el 26 de septiembre en la Legislatura provincial durante una manifestación del gremio docente UnTER, el mandatario ordenó a la Fiscalía de Estado intervenir en las investigaciones judiciales sobre el accionar de los manifestantes, y exigir la aplicación del Artículo 241 del Código Penal.

«Las leyes están para cumplirse y quienes desafíen el orden institucional enfrentarán las consecuencias», afirmó Weretilneck, remarcando que no permitirá que se ataque la democracia ni se interfiera en el funcionamiento de las instituciones.

La protesta de UnTER, que marcó el primer día de un paro de 48 horas, culminó con un enfrentamiento violento entre manifestantes y la Policía de Río Negro en las inmediaciones de la Legislatura de Viedma. La marcha, organizada en rechazo a la privatización de auditorías médicas y la declaración de la educación como un «servicio esencial estratégico», reunió a cientos de docentes de la provincia.

El operativo policial derivó en el uso de gas lacrimógeno y golpes para dispersar a los manifestantes. La secretaria general de UnTER, Silvana Inostroza, resultó herida, y varios manifestantes fueron atendidos en el hospital local. Weretilneck justificó la actuación de las fuerzas de seguridad, argumentando que los manifestantes «provocaron incidentes violentos» con palos y botellas llenas, dejando heridos a varios efectivos y ocasionando daños materiales en el edificio legislativo.

Por su parte, la legisladora Magdalena Odarda, del bloque opositor Vamos con Todos, condenó la represión policial y exigió la renuncia de la jefa de la Policía provincial, afirmando que «lo ocurrido es inaceptable en un Estado democrático».

El paro docente continuó durante el 27 de septiembre, con nuevas manifestaciones y acciones políticas locales. Desde UnTER, ñ advertieron sobre la continuidad del plan de lucha con paros zonales a partir del 30 de septiembre y una marcha federal educativa el 2 de octubre, en reclamo por el presupuesto educativo y la defensa de los derechos de los docentes.