Un tribunal de Cipolletti sentenció a un hombre a once años de prisión por delitos contra la integridad sexual de sus dos nietas menores de edad. La condena incluyó agravantes por el vínculo familiar y la convivencia preexistente, lo que incrementó la gravedad del caso.
El fallo fue dictado tras un juicio oral en el que se analizaron pruebas testimoniales, pericias psicológicas y médicas, además de las declaraciones de las niñas en cámara Gesell. El tribunal, integrado por una jueza y dos jueces, determinó la responsabilidad penal del acusado en tres de los hechos imputados.
Según la sentencia, los abusos ocurrieron en la vivienda del condenado, donde las víctimas, de entre ocho y diez años, estaban bajo su cuidado. La fiscalía y la querella sostuvieron que el hombre aprovechó su relación con las menores para someterlas a distintos abusos a lo largo de varios años, recurriendo a manipulación y engaño para garantizar su silencio.
Durante el juicio, la defensa intentó desacreditar los relatos de las niñas, cuestionando la precisión de las fechas y señalando supuestas contradicciones en sus testimonios. Sin embargo, el tribunal desestimó estos planteos, destacando que las declaraciones fueron coherentes, detalladas y respaldadas por otras pruebas. Informes psicológicos confirmaron el impacto emocional sufrido por las víctimas y expusieron que el acusado ejerció control, amenazas y promesas vinculadas al bienestar familiar para sostener su impunidad.
El hombre fue condenado por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo y la convivencia. También se lo encontró responsable del delito de corrupción de menores, en concurso ideal con los abusos. Hasta que la sentencia quede firme, deberá cumplir medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas, la prohibición de salir del país y el uso de un dispositivo electrónico para su monitoreo.
El caso se denunció en una localidad del Alto Valle, bajo la jurisdicción de la Cuarta Circunscripción Judicial. Para preservar la identidad de las víctimas, no se revelan más detalles sobre el condenado ni el lugar exacto donde ocurrieron los hechos.