Desde la sanción de la Ley 27.610 en diciembre de 2020, el aborto es legal en Argentina hasta la semana 14 inclusive de gestación, y en cualquier momento del embarazo si hay riesgo para la salud o si fue producto de una violación, como ya preveía el Código Penal desde 1921. La norma establece que el acceso debe ser gratuito, seguro y con acompañamiento integral en todo el sistema público de salud, y refuerza la obligación del Estado de garantizar este derecho.

Sin embargo, en las provincias de Río Negro y Neuquén, el contexto sanitario actual presenta obstáculos crecientes. Aunque ambos gobiernos provinciales asumieron la compra de medicación tras la suspensión de envíos por parte de la Nación, el desfinanciamiento general, la renuncia de profesionales y el aumento de objeciones de conciencia están limitando el acceso a la IVE/ILE.

En hospitales como el de General Roca y Cipolletti, ya no se realizan interrupciones del segundo trimestre por falta de personal. En Bariloche, el consultorio específico de IVE del Hospital Ramón Carrillo cerrará en junio por escasez de recursos humanos, aunque se continuará con la atención en ginecología. “Este consultorio ha sido refugio. Nosotras lo vamos a seguir sosteniendo porque hay un compromiso militante”, expresó Romina Berazategui, médica del equipo.

La Ley también regula la objeción de conciencia individual, permitida sólo para quienes intervienen directamente en el procedimiento, y establece que deben garantizar la derivación en tiempo y forma, sin obstaculizar el acceso. Aun así, según el informe “Los malos usos” (CEDES, Redaas, ELA), Río Negro es una de las provincias con mayor número de eventos de objeción registrados. Neuquén también aparece en el ranking nacional.

Colectivos como Socorristas en Red señalan un retroceso en la equidad del acceso. “La brecha volvió a ser económica. Quienes pueden, pagan una consulta o los medicamentos”, explicó Carla, de Fiske Menuco. En enero, un tratamiento de misoprostol en Bariloche costaba $119.470, mientras que el salario mínimo se ubicaba en $286.711.

Pese a las dificultades, el acompañamiento no cesa. En Bariloche, durante las recientes medidas de fuerza en salud, el consultorio IVE recibió 150 llamadas. “El teléfono sigue sonando. Las personas siguen abortando pase lo que pase”, expresó Ruth Zurbriggen, de Socorristas en Red.

Desde los gobiernos provinciales aseguran que se mantienen los niveles de atención. “Provincia se hizo cargo de lo que no mandó Nación”, dijo Cristian D’alu, responsable del área de Salud Sexual de Neuquén. En Río Negro, la coordinadora Sol Gallego precisó que solo hubo faltantes puntuales por cuestiones administrativas.

El desafío, señalan desde distintos sectores, es garantizar que un derecho legal no dependa de la zona geográfica, la disponibilidad profesional ni la capacidad económica de quien lo solicita.