El concejal de Fernández Oro, Christian Artero, publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que el Ministerio Público Fiscal le comunicó el archivo de la denuncia penal presentada en su contra “por no haber podido comprobar” los delitos denunciados. Según su declaración, la decisión llegó luego de 8 meses de investigación.

En su mensaje, Artero sostuvo que la presentación en su contra incluyó señalamientos por presuntos delitos como administración fraudulenta, malversación, falsedad ideológica, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el cargo, entre otros, y afirmó que esas acusaciones no se confirmaron.

El concejal orense atribuyó la denuncia a una decisión política del gobierno de Fernández Oro encabezado por Gustavo Amati y afirmó que el objetivo fue instalar un caso para afectar su imagen pública. En el video agradeció a personas cercanas y dijo que atravesó un proceso que describió como una campaña de desprestigio.

El caso había tomado estado público en mayo, en el marco de una denuncia penal vinculada a una presunta incompatibilidad por el ejercicio simultáneo de funciones y la percepción de ingresos en Catriel y Fernández Oro. En el contexto de esa presentación se mencionaron contratos de locación de servicios con el municipio de Catriel y se incorporaron cifras atribuidas a documentación agregada a la denuncia, entre ellas facturaciones superiores al millón de pesos y una percepción como concejal cercana a esa cifra durante varios meses de 2025.

En junio de este año, desde la Municipalidad de Catriel se difundió una respuesta oficial en la que se rechazó que existiera “doble sueldo” en esa ciudad y se describió el vínculo como un contrato profesional por locación de servicios como asesor municipal sin relación de dependencia, sin asignación horaria y con facturación. En ese marco, se sostuvo que no había observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la documentación presentada. Sin embargo, si se hizo alusión a una «filtración» de documentación oficial desde el órgano de control local hacia los denunciantes en Fernández Oro.

En su momento la intendenta Daniela Salzotto también se expresó públicamente en respaldo del concejal. «Es alguien de mi entera confianza», sostuvo Salzotto.

Finalmente, desde julio de 2025, Artero dejó de ser contratado como asesor por el municipio local.

Tras el anuncio de archivo difundido por el concejal este 30 de diciembre, se reactivó una discusión que atravesó a Fernández Oro y Catriel durante 2024 y 2025: los límites entre un cargo electivo y contrataciones municipales bajo modalidad profesional.

La denuncia penal sostenía que existía una superposición de funciones por la banca de concejal en Fernández Oro y contratos de locación en Catriel. Algo que, según explicó Artero, la Justicia no pudo comprobar.

Además hubo menciones a un rol de Artero en una Fundación vinculada al Polo Tecnológico. En su respuesta, el municipio de Catriel aclaró que la función del concejal orense como tesorero de la Fundación era ad honorem.

En la denuncia también se indicaba que la normativa provincial y municipal impediría acumulación de empleos públicos y que la Justicia debía determinar si correspondía la configuración de delitos. De acuerdo con lo publicado por Artero, la Justicia rionegrina definió que no había probatoria suficiente para configurar un delito.

La discusión no se limitó a la figura de Artero: en el debate público también se planteó el rol de los tribunales de cuentas, el uso de documentación interna y la necesidad de delimitar con precisión cuándo un contrato implica una relación estatal y cuándo se trata de una prestación profesional.

En el cierre de su mensaje, Artero convocó a continuar el trabajo político durante 2026 y afirmó que no buscará sostener el conflicto en términos personales.