Más de 20.000 docentes tomaron las calles de San Fernando del Valle de Catamarca el sábado 24 de mayo, en una de las movilizaciones educativas más grandes que se recuerden en la provincia. La masividad del reclamo forzó al gobernador Raúl Jalil a derogar el decreto 884, que modificaba el sistema de cobertura de cargos y transfería competencias al Ministerio de Trabajo, generando un fuerte rechazo en la comunidad educativa.

El decreto, publicado el 16 de mayo, fue interpretado por docentes autoconvocados y gremios como UDA y SUTECA como una amenaza directa a la estabilidad laboral y al funcionamiento de las escuelas. Las asambleas por niveles y el pronunciamiento de miles de educadores desencadenaron una protesta contundente que, en pocos días, logró revertir la medida oficial.

“Fue una movilización histórica y sin precedentes”, definió Bruno Corzo, vocero de los autoconvocados. “El mensaje fue claro: la docencia no va a aceptar retrocesos en sus derechos laborales”. Desde el Ejecutivo, el gobernador Jalil admitió el malestar y anunció que abrirá una instancia de diálogo con los gremios. La derogación fue publicada este martes 27 en una edición complementaria del Boletín Oficial.

La medida anulada alteraba el sistema de designaciones docentes, con impacto en todos los niveles y con una lógica administrativa cuestionada por su falta de perspectiva pedagógica. Nancy Agüero, de UDA, advirtió que el decreto tenía un enfoque “compulsivo y unilateral”, mientras que Juan Godoy, de SUTECA, valoró la movilización como “un punto de inflexión” para el movimiento docente local.

El respaldo político también llegó desde el bloque de diputados del Frente de Todos, que presentó un proyecto para formalizar la derogación y convocar a una mesa multisectorial. Desde la oposición, el radical Alfredo Marchioli criticó el decreto original y reclamó planificación y consenso en la toma de decisiones sobre educación.

La contundencia numérica de la protesta en Catamarca —con cifras que superan ampliamente las de otras movilizaciones docentes recientes en el país— convirtió el episodio en un ejemplo de fuerza colectiva. En un contexto de reclamos y ajustes en distintas provincias, lo ocurrido se proyecta como un antecedente federal de lucha organizada y efectiva en defensa de los derechos laborales del sector educativo.