El conflicto entre el gobierno de Río Negro y los trabajadores de la educación se intensifica. La oferta del 0% de aumento salarial presentada en la última paritaria, sumada a la implementación de un nuevo sistema de auditorías médicas gestionado por la empresa privada Dienst Consulting, generó un amplio rechazo sindical y nuevas tensiones internas en la UnTER.
Desde el Ejecutivo provincial se sostiene que el nuevo esquema de auditorías médicas busca “optimizar recursos y reducir abusos”, en un contexto de restricciones presupuestarias. La empresa contratada percibe alrededor de $5.615 por cada agente auditado, lo que representa un gasto anual estimado en $3.500 millones. Según datos oficiales, las licencias denegadas bajo este sistema equivalen a un “ahorro” de unos $9.800 millones.
Para la conducción provincial de la UnTER, encabezada por Silvana Inostroza, este modelo de control de ausentismo vulnera derechos laborales, en especial de docentes con graves problemas de salud que son citados a auditorías presenciales incluso a cientos de kilómetros de sus hogares. El gremio exige la derogación de las resoluciones 5153/24 y 5154/24, el respeto al régimen de licencias vigente (Resolución 233/98) y mejoras urgentes en la prestación de la obra social IPROSS. También pidió una convocatoria inmediata a paritarias y la revisión de los salarios a la luz de la inflación acumulada.
Por su parte, el Partido Obrero –con representación en el sindicato– cuestionó duramente la respuesta de la conducción oficialista de UnTER, a la que acusa de “tardar casi una semana” en reaccionar tras la paritaria sin aumentos y de mantener una postura pasiva frente al ajuste. Señalan que, mientras el costo de vida crece, los salarios docentes quedaron rezagados, con una suba del 5,6% frente a una inflación anual del 11,6%. Reclamaron la convocatoria a un congreso con mandato de base y el lanzamiento inmediato de un plan de lucha, exigiendo un salario inicial de $1.800.000 con aumentos al básico.
Hasta el momento, el gobierno no respondió públicamente a los nuevos planteos gremiales, mientras crece el malestar entre docentes de toda la provincia. La disputa por los recursos y las condiciones laborales sigue abierta.
La situación de Río Negro no es aislada. En Catamarca, una multitudinaria movilización docente forzó al gobernador Raúl Jalil a derogar el decreto 884, que modificaba el sistema de cobertura de cargos y transfería el control al Ministerio de Trabajo. La protesta, encabezada por educadores autoconvocados y acompañada por gremios como UDA y SUTECA, denunció que la medida afectaba la estabilidad laboral y el funcionamiento de las escuelas. En Río Negro, sectores opositores dentro de UnTER observan ese antecedente como una hoja de ruta: reclaman una convocatoria urgente a asambleas y un congreso con mandato de base para impulsar un plan de lucha que emule la capacidad de movilización vista en Catamarca y revierta las políticas que, afirman, afectan las condiciones laborales y salariales de la docencia provincial.
