Las cloacas colapsadas dejaron de ser un problema aislado en Catriel: hoy forman parte de la vida cotidiana. Desbordes, intervenciones de urgencia y un sistema que no responde derivaron en la declaración de emergencia, tras años sin soluciones estructurales.

La medida fue aprobada sobre tablas el 1 de abril, en un contexto donde el deterioro del servicio impacta en distintos sectores de la ciudad. “Catriel no puede seguir esperando”, fue el mensaje que acompañó la decisión.

El problema tiene una base clara. El sistema cloacal fue diseñado para una ciudad mucho más chica y hoy está superado por el crecimiento poblacional y la cantidad de conexiones, sin que las obras necesarias hayan logrado acompañar esa expansión.

En ese escenario, la empresa provincial Aguas Rionegrinas (ARSA) continúa realizando intervenciones con camiones desobstructores y cuadrillas en distintos puntos. En los últimos días, los trabajos se concentraron en sectores como Haití y Roque Sáenz Peña, donde continúan las tareas. Sin embargo, estas acciones aparecen como respuestas inmediatas frente a un sistema que sigue operando al límite.

La solución de fondo depende de una obra estructural: el Plan Director de Desagües Cloacales, diseñado para ampliar la red, optimizar el tratamiento de efluentes y acompañar el crecimiento de la ciudad.

Se trata de un proyecto con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado bajo la órbita del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), con participación de la Provincia a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y a cargo de la empresa Ecosur Bahía S.A., responsable de la ejecución.

Según datos oficiales, la obra tiene una inversión superior a $574 millones y actualmente registra un avance de apenas 21,40%, pese a haber sido anunciada y reactivada en distintas etapas durante los últimos años.

El proyecto contempla la construcción de una nueva planta de tratamiento, ampliación de colectores principales y mejoras en estaciones de bombeo, con una proyección para una población de hasta 45.000 habitantes.

En distintas etapas, desde la propia empresa se informó la ejecución de trabajos vinculados a movimiento de suelos y construcción de estructuras como lagunas de tratamiento, lo que evidencia avances parciales dentro de un proceso que, sin embargo, no logró consolidarse en los plazos previstos.

En paralelo, otra obra clave —el Plan Director de Agua Potable— también quedó inconclusa. Ese proyecto, licitado en 2021 y con un avance del 26,7%, fue finalmente rescindido por el gobierno provincial, que además intimó a la contratista a devolver más de $1.000 millones, en medio de un conflicto por atrasos, financiamiento y ejecución.

De esta manera, el escenario actual combina un servicio que depende de la operación provincial a través de ARSA, con obras estructurales bajo órbita nacional y ejecución privada, en un entramado donde las responsabilidades se distribuyen en distintos niveles.

El resultado es visible: infraestructura exigida al máximo, obras que no terminan de concretarse y una ciudad que sigue esperando soluciones de fondo.

La declaración de emergencia no aparece como un hecho aislado, sino como la consecuencia de un problema que se arrastra desde hace años.

Hoy, el problema dejó de ser técnico, se volvió político. Y pasó a formar parte de la vida diaria de los vecinos.