La justicia de Río Negro dictó una sentencia definitiva en el caso del homicidio culposo de dos trabajadores ocurridos en febrero de 2024 en Catriel. La jueza de juicio Alejandra Berenguer condenó a Alexander Luis Rasys y José Luis Rasys, responsables de la empresa Rasys Servicios S.A.S., a tres años de prisión de ejecución en suspenso y a una inhabilitación especial por cinco años para ejercer como empleadores en actividades de soldaduras y limpieza de tanques cisterna.
El fallo se dictó tras un juicio abreviado, donde los imputados aceptaron su responsabilidad en los hechos que llevaron a la muerte de Pedro Hugo Larravide y Eloy Alberto James, dos trabajadores no registrados que realizaban tareas riesgosas de soldadura y limpieza de tanques de hidrocarburos sin las medidas de seguridad adecuadas. Los hermanos Rasys, en sus roles como Administrador Titular y Gerente Operativo de la empresa, respectivamente, fueron hallados culpables de no haber implementado un plan de seguridad y de no haber proporcionado las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de sus empleados.
La Fiscalía, representada por el Fiscal Jefe Gustavo Herrera, detalló durante la audiencia que los acusados no designaron a un profesional en seguridad e higiene, no planificaron un programa de trabajo en caliente para atmósferas explosivas y no brindaron un entrenamiento específico a los obreros para advertir los riesgos de sus tareas. La combinación de estas omisiones provocó que, el 20 de febrero de 2024, una chispa de la soldadura generara una explosión en el tanque cisterna que estaba siendo reparado, acabando con la vida de ambos trabajadores.
La evidencia presentada en la audiencia incluyó informes periciales, declaraciones de expertos en seguridad laboral, y un detallado informe del Gabinete de Criminalística de Catriel. El accidente se desencadenó por la falta de herramientas como medidores de gases y lavado de tanques con nitrógeno, elementos que podrían haber prevenido la acumulación de gases explosivos dentro del tanque.
La sentencia también impone pautas de conducta a los condenados, que incluyen fijar residencia y someterse al cuidado del Instituto de Asistencia y Pautas de Libertad (IAPL), abstenerse de relacionarse con los familiares de las víctimas, y realizar trabajos no remunerados que serán reemplazados por la entrega de equipos a la Policía de Río Negro, específicamente al Gabinete de Criminalística de Catriel.
Los querellantes, representados por los abogados Manuel Gastón Leiva y Marcelo López Alaniz, junto con la abogada Rocío Guglielmetti, se manifestaron de acuerdo con la propuesta de la Fiscalía. Los imputados, por su parte, reconocieron su responsabilidad en los hechos y aceptaron el acuerdo en su totalidad, incluyendo la inhabilitación especial para ejercer como empleadores en actividades de alto riesgo.
La jueza Berenguer homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y destacó que las pruebas presentadas acreditaron las conductas negligentes de los acusados, que derivaron en la tragedia. Además de la pena de prisión en suspenso, se impuso a los condenados la obligación de entregar materiales como un freezer y una impresora, que serán destinados a mejorar los recursos del Gabinete de Criminalística.
Este fallo subraya la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad en el ámbito laboral y la responsabilidad que recae sobre los empleadores en la protección de sus trabajadores. La sentencia, que incluyó la renuncia a los plazos procesales por parte de las partes involucradas, adquiere firmeza de inmediato y las actuaciones serán remitidas al Juzgado de Ejecución para su seguimiento.
El caso refleja un grave incumplimiento de las normas de seguridad industrial y deja un mensaje contundente sobre la responsabilidad de las empresas en la protección de sus empleados, especialmente en actividades de alto riesgo como las vinculadas al sector hidrocarburífero.