La situación en El Bolsón continúa siendo crítica debido a los incendios forestales que, desde finales de enero, han destruido más de 20.000 hectáreas de bosque en la región. A la emergencia ambiental se suma ahora un clima de tensión social, alimentado por detenciones controvertidas, enfrentamientos entre vecinos y diversas interpretaciones sobre la responsabilidad en el inicio de los focos ígneos.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue recibido este jueves en la Casa Rosada por el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, donde solicitó asistencia económica para la reconstrucción de las zonas afectadas. En declaraciones posteriores, Weretilneck afirmó que los incendios “no son hechos fortuitos” y sugirió que podrían haber sido planificados, aunque no presentó pruebas concretas que respalden esta hipótesis.

Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas en el marco de la investigación. La primera detención se produjo en la zona de El Pedregoso, donde un hombre fue visto en actitud sospechosa con una botella que podría contener combustible. Posteriormente, fueron arrestadas otras dos personas por averiguación de antecedentes, y este jueves se sumó un cuarto detenido en un camping cercano al río Quemquemtreu. La investigación está a cargo del fiscal Francisco Arrien, quien fue asignado de forma exclusiva a este caso por la Fiscalía General de Río Negro.

Las detenciones generaron reacciones divididas en la comunidad. Algunos vecinos consideran que las autoridades actuaron correctamente al detener a personas que podrían estar vinculadas al inicio del fuego. Sin embargo, otros sectores, incluyendo organizaciones sociales y de derechos humanos, sostienen que los detenidos son brigadistas voluntarios que colaboraban en la lucha contra el fuego.

Este desacuerdo derivó en manifestaciones frente a la Comisaría 12 de El Bolsón, donde se exigió la liberación de los detenidos. Durante la protesta, se registraron incidentes cuando un grupo de personas a caballo, armadas con rebenques y facones, atacó a quienes reclamaban la liberación de los acusados. Testigos afirmaron que los agresores serían vecinos de la zona de Mallín Ahogado, afectados por los incendios, aunque también se señaló la posible vinculación de algunos de ellos con intereses privados relacionados con Lago Escondido. Las autoridades no realizaron detenciones por estos hechos, lo que generó malestar entre los manifestantes. La Asociación de Derechos Humanos (APDH) denunció públicamente lo que considera una criminalización de los brigadistas voluntarios y advirtió sobre la falta de pruebas contundentes en contra de los detenidos.

Paralelamente, la región enfrenta un debate por el uso de recursos naturales, a raíz de la reciente autorización para la construcción de tres centrales hidroeléctricas en la cordillera de Río Negro. El proyecto pertenece al empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri y al extenista Gastón Gaudio, propietarios del complejo turístico Baguales Mountain Reserve, ubicado en el paraje Río Villegas. Las centrales, que se alimentarán del arroyo Baguales, estarán destinadas al autoabastecimiento energético del complejo. Según la Superintendencia General de Aguas de Río Negro, el proyecto cuenta con estudios de impacto ambiental aprobados y el permiso tiene una vigencia de 30 años, limitado a los meses de mayor caudal de agua.

El caso trae a la memoria otro emprendimiento similar en la región: las centrales hidroeléctricas privadas del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido. Estos desarrollos, aunque legales y autorizados, generan controversia por la concentración de recursos naturales en manos privadas, especialmente en una región donde el acceso al agua y la preservación del medio ambiente son temas sensibles.

La combinación de los incendios, las detenciones cuestionadas, los enfrentamientos entre vecinos y la expansión de intereses empresariales en la cordillera, mantiene a la comunidad de El Bolsón en un estado de alerta. Mientras la investigación continúa y los focos de incendio no han sido completamente controlados, la necesidad de respuestas claras y equilibradas es fundamental para evitar que la crisis ambiental derive en un conflicto social más profundo.