El Día Internacional de las Mujeres encontró a la Argentina en un contexto de retroceso en políticas de género y con datos que reflejan las desigualdades estructurales en el mercado laboral. La tasa de actividad femenina sigue siendo menor a la de los varones, la brecha salarial persiste y el acceso a cargos jerárquicos continúa siendo limitado. En Patagonia, la situación es similar a la del resto del país y afecta de manera más severa a la comunidad LGBTIQ+.

A nivel nacional, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al tercer trimestre de 2024 la tasa de actividad de las mujeres era del 52,1%, mientras que la de los varones alcanzaba el 70,5%. En Río Negro, la Dirección de Estadísticas y Censos registró una diferencia del 14,5%: la tasa de actividad masculina fue del 50,4% y la femenina del 35,9%. La brecha también se observa en la tasa de empleo: 48,6% para varones y 34,8% para mujeres.

El desempleo y la informalidad afectan en mayor medida a las mujeres. Mientras que la desocupación masculina es del 6,2%, la femenina asciende al 7,9%. Además, el 38,7% de las trabajadoras están en la informalidad, frente al 35% de los varones. A esto se suma la sobrecarga de tareas no remuneradas: las mujeres dedican en promedio tres horas más por día que los varones a trabajos domésticos y de cuidado.

En términos salariales, los hombres cobran en promedio un 27,7% más que las mujeres. En el sector formal, la diferencia es del 21,4%, pero en el informal se amplía al 33,3%. Los varones ocupan el 65% del segmento de mayores ingresos, lo que también impacta en la carga tributaria: solo el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% de quienes pagan Ganancias son mujeres.

El acceso a posiciones jerárquicas es otra de las barreras. Según un estudio de Randstad realizado entre enero y febrero de 2025, el 65% de las y los trabajadores argentinos tienen un jefe varón, a pesar de que el 55% de las empresas encuestadas cuentan con políticas de equidad de género. El informe señala que, aunque más compañías han adoptado iniciativas de inclusión, la desigualdad en el liderazgo empresarial persiste. Solo el 61% de los trabajadores cree que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades de ascenso.

Las personas LGBTIQ+ enfrentan aún más dificultades. En la Patagonia, el Primer Relevamiento Nacional sobre condiciones de vida en Argentina reveló que el 39% de esta población califica su inserción laboral como “regular” o “mala”. Además, un 11,9% reportó haber recibido un trato desigual por su identidad sexogenérica y un 17,3% sufrió agresiones de compañeros de trabajo o clientes. La vulnerabilidad económica también es evidente: el 37,9% de los hogares de la comunidad LGBTIQ+ en la región vive en la pobreza.

El gobierno de Javier Milei avanzó en el desmantelamiento de las políticas de género. Desde su asunción, redujo el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una Subsecretaría en Capital Humano y luego a una Dirección en el Ministerio de Justicia. Además, impulsó iniciativas para modificar la Ley de Identidad de Género, la Ley del Aborto, la figura de femicidio en el Código Penal, la Educación Sexual Integral y la Ley Micaela.

El CEPA advierte que las políticas económicas del actual gobierno impactaron directamente en mujeres y diversidades. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 se perdieron 15.748 empleos en el sector de trabajadoras de casas particulares, un rubro con un 95,2% de participación femenina y que, a enero de 2025, perdió un 21,8% de su poder adquisitivo.

Las jubilaciones mínimas, que en su mayoría cobran mujeres que accedieron a través de moratorias, sufrieron una pérdida del 13,3% en su poder adquisitivo en el primer trimestre de 2025. Además, se eliminó la devolución del IVA, que representaba un ingreso extra de $18.800 por mes, y se redujeron los beneficios en PAMI.

El impacto también se refleja en el acceso a la seguridad social. En marzo de 2025, el gobierno no prorrogó la moratoria previsional, lo que significa que nueve de cada diez mujeres en edad cercana a jubilarse no podrán hacerlo y deberán optar por una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, con acceso recién a los 65 años y sin posibilidad de ser heredada.

El ajuste también golpeó los programas sociales. El 63% de quienes cobraban el ex Potenciar Trabajo son mujeres y el poder adquisitivo del beneficio cayó un 64,6% entre noviembre de 2023 y marzo de 2025. Para recuperar el nivel previo, el monto debería ser de $220.193,8.

El Programa Acompañar, dirigido a mujeres y diversidades en situación de violencia de género, perdió un 29,8% de su valor real. Además, se detuvieron nuevas altas, se redujo la cantidad de meses en que se percibe (de seis a tres) y se endurecieron los requisitos, exigiendo una denuncia policial.

Las cifras revelan una tendencia clara: la desigualdad de género sigue presente y, en el actual contexto político y económico, se profundiza.