“Era una vergüenza institucional”. Con esa frase, la concejala Juana Cárdenas se refirió a la situación vinculada a la ordenanza 384/24, en el marco del debate por la desafectación de reservas fiscales en Catriel.

Según expresó públicamente, el conflicto no solo tiene un componente político, sino también un cuestionamiento sobre el procedimiento. “Cuando las pruebas son contundentes y los procedimientos no se cumplen, la única vía es la rectificación”, afirmó.

De acuerdo a su planteo, no fue necesario avanzar a instancias judiciales porque “la evidencia de inconstitucionalidad era irrefutable”.

Según su relato, el caso tomó relevancia tras la intervención de un asesor legal vinculado a un loteador, quien —según indicó— habría cuestionado el uso de una reserva fiscal para un emprendimiento privado. “Le dije que no podía ser”, recordó.

A partir de ahí, la concejala señaló que revisó la documentación oficial y detectó, según su interpretación, que la votación no habría alcanzado la mayoría especial requerida. “Había tres abstenciones y cinco votos positivos”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que, pese a esa situación, la ordenanza fue igualmente promulgada y publicada.

Cárdenas indicó además que compartió la información con la concejala Elizabeth Cofré, con quien —según señaló— avanzaron en un proyecto para abordar la situación. “Que esto no nos podía pasar”, afirmó.

También planteó posibles consecuencias vinculadas al destino de las tierras involucradas, mencionando que algunas —según su planteo— habrían sido utilizadas para emprendimientos privados o entregadas mediante sorteos.

En ese contexto, sostuvo que la derogación de la ordenanza implica un reconocimiento del error. “Derogar es admitir que se sancionó, promulgó y publicó una ordenanza ilegal”, afirmó.

Las declaraciones se dan en un escenario de posiciones contrapuestas dentro del Concejo Deliberante. Desde el oficialismo, por su parte, sostienen que la situación fue corregida mediante herramientas legislativas sin generar perjuicios a vecinos.

Hasta el momento, no trascendieron definiciones judiciales vinculadas al caso.

Este cruce se produce en un contexto preelectoral en Catriel, donde comienzan a reconfigurarse los espacios políticos de cara a 2027.

El Frente de Acción Vecinal, que gobierna desde 2023, enfrentará el desafío de sostener su gestión en un escenario distinto al que lo llevó al poder, tras el quiebre del electorado con el Movic/JSRN, espacio que condujo la ciudad durante más de una década.

En paralelo, sectores opositores buscan reposicionarse, mientras nuevas fuerzas políticas comienzan a ganar visibilidad en la ciudad.

En ese marco, fuentes políticas coinciden en que las discusiones dentro del Concejo comienzan a tener mayor impacto público, en un escenario donde las posiciones actuales podrían incidir en el debate político de cara a los próximos comicios.

Por ahora, la ordenanza fue derogada. Pero el conflicto sigue abierto.