El debate por la ordenanza 384/24 sumó un nuevo capítulo en Catriel y volvió a exponer un cruce político entre oficialismo y oposición, en una discusión que, según plantean desde distintos sectores, podría haber tenido impacto directo en vecinos de la ciudad.

Desde el Concejo Deliberante, la concejala del oficialismo Teresa Cardona defendió la actuación de su espacio y cuestionó la postura opositora en torno al tratamiento del tema.

“Existía un error administrativo y lo reconocimos. Pero también había una forma de corregirlo desde el Concejo sin perjudicar a los vecinos”, sostuvo.

Según explicó, la intervención del oficialismo tuvo como objetivo ordenar la situación y garantizar la continuidad de la ordenanza, evitando que personas que actuaron “de buena fe” se vieran afectadas.

Ese punto concentra uno de los ejes centrales del conflicto.

De acuerdo a lo expresado por la edil, desde la oposición se impulsó un camino distinto: “llevar el tema al plano mediático, generar confusión y pedir la nulidad de la ordenanza”, una alternativa que —según su postura— no resolvía el problema y podía agravarlo.

Según lo expresado por los distintos sectores, la diferencia no radica en la existencia del error administrativo, sino en cómo debía resolverse.

Desde el oficialismo sostienen que la prioridad era evitar perjuicios concretos para los vecinos. Desde la oposición, en base a declaraciones públicas, se planteó la nulidad como una alternativa válida en función del procedimiento original.

En ese cruce, Cardona fue más allá y vinculó el episodio con otras discusiones recientes dentro del ámbito legislativo local.

Según afirmó, sectores opositores tampoco acompañaron iniciativas vinculadas al rechazo al aumento de tarifas eléctricas ni al reclamo por la redistribución de regalías, temas que —de acuerdo a su mirada— impactan directamente en la comunidad.

“Utilizar un error para sacar ventaja política, en lugar de resolverlo, también es una decisión”, expresó.

El conflicto, sin embargo, también fue planteado desde otra perspectiva dentro del Concejo.

Según declaraciones públicas de la concejala opositora Juana Cárdenas, la discusión en torno a la ordenanza no solo se vincula con su corrección, sino también con el procedimiento mediante el cual fue aprobada originalmente, donde —según su planteo— podrían existir irregularidades.

En ese marco, ambas posturas reflejan diferencias no solo en la solución aplicada, sino también en la interpretación del proceso.

El escenario en el que se da este debate tampoco es menor.

El 2026 es un año preelectoral en Catriel, donde comenzará a definirse el mapa político de cara a la renovación de autoridades locales en 2027. El actual oficialismo, el Frente de Acción Vecinal, que gobierna desde 2023 con Daniela Salzotto, deberá revalidar su gestión tras haber desplazado al Movic/JSRN, espacio que condujo la ciudad durante más de una década.

En paralelo, ese sector político se encuentra en proceso de reorganización, mientras también emergen otras fuerzas en la ciudad, como Primero Río Negro y espacios en formación como Fuerza Rionegrina y Federal, que buscan posicionarse en el escenario local.

En ese contexto, distintos sectores comienzan a vincular los debates dentro del Concejo con el escenario político que se abre hacia las próximas elecciones.

Por ahora, la ordenanza ya fue corregida, pero la discusión sigue abierta.

Y con ella, una pregunta de fondo: si las diferencias están orientadas a resolver problemas concretos para la comunidad, o si forman parte de una disputa que algunos actores ya proyectan hacia el escenario electoral.