Durante los actos por el aniversario de Catriel, la intendenta Daniela Salzotto y el gobernador Alberto Weretilneck coincidieron en que la ciudad enfrenta un escenario complejo en materia de seguridad. Aunque Salzotto destacó avances como la puesta en funcionamiento de un nuevo centro de monitoreo con más de 80 cámaras distribuidas en accesos, plazas y espacios públicos, ambos funcionarios admitieron que la inseguridad sigue siendo una preocupación prioritaria.

“Falta seguridad, sí. Tenemos que pensar que la ciudad creció, como creció la inseguridad en el país”, señaló la intendenta de Catriel, quien también hizo un llamado a fortalecer el trabajo comunitario con las juntas barriales para prevenir el delito de forma articulada. “La seguridad se construye entre todos”, afirmó.

Como parte de las nuevas acciones, el municipio firmó un convenio con la Secretaría de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, que permitirá reforzar el abordaje de delitos complejos, en especial aquellos vinculados al narcotráfico.

Por su parte, el gobernador Weretilneck respaldó los planteos y aseguró que los reclamos de las fuerzas policiales fueron escuchados. “Nos llevamos sus planteos como prioridad”, afirmó. Además, confirmó que se avanzará en un trabajo conjunto con el municipio para mejorar los recursos y las condiciones operativas de la policía local.

Ambos funcionarios coincidieron en que la seguridad requiere de políticas sostenidas, inversión y articulación institucional, en un contexto social y económico que desafía la capacidad de respuesta del Estado.

«Pido un trabajo conjunto con las juntas barriales, porque la seguridad se construye entre todos. Hay que formar redes para la prevención del delito en las calles».

Daniela Salzotto, intendenta de Catriel.

Catriel atraviesa un momento complejo en materia de seguridad, judicial y policial. Pese al centro de monitoreo con más de 80 cámaras en plazas, accesos y espacios públicos, las autoridades admiten que esta medida no alcanza ante las limitaciones estructurales que enfrenta la ciudad.

Según el informe del Centro de Planificación Estratégica del STJ, entre enero y junio de 2024 se registraron 202 denuncias por violencia familiar y de género en Catriel, lo que representa alrededor del 2,2 % del total provincial de 9.081 casos. Sin embargo, la localidad carece de un Juzgado de Familia (aunque está aprobada su creación desde 2021), y estos casos deben tramitarse en el Juzgado de Paz, con competencias limitadas y menos presencia institucional en situaciones complejas.

La infraestructura policial también está subdimensionada: falta una subcomisaria y unos pocos móviles cubren toda la ciudad y el área rural. Además, en cada turno hay un promedio de solo 7 u 8 agentes, según denuncias de vecinos y funcionarios. Otros sectores reclaman que faltan dispositivos de contención como botones antipánico, tobilleras electrónicas y la policía debe afrontar gastos operativos (insumos, uniformes, móviles) con su propio bolsillo o apoyos municipales, lo que limita su capacidad de respuesta.

La inversión tecnológica choca con una estructura estatal débil: sin personal, sin móviles y sin respuesta judicial rápida, las víctimas quedan desprotegidas y la prevención pierde fuerza.

Catriel exige algo más que anuncios. Necesita respuestas reales y un plan integral que articule prevención, justicia y contención. De lo contrario, las cámaras seguirán registrando los delitos, pero no evitándolos.