En las últimas semanas, Catriel atraviesa una escalada delictiva que genera preocupación entre los vecinos. Robos a viviendas y comercios, sustracción de vehículos, homicidios y denuncias de acoso exponen las falencias del sistema de seguridad local. En este contexto, persisten desafíos estructurales como la falta de efectivos, la necesidad de una nueva subcomisaría y la escasez de recursos.

Actualmente, la ciudad cuenta con un promedio de 7 a 8 policías por guardia, cifra insuficiente para cubrir la vigilancia urbana y atender la creciente cantidad de órdenes de prohibición de acercamiento. La Comisaría 9° tiene a su cargo dos destacamentos: el 126 en Peñas Blancas, con guardias permanentes, y el 165 en Lago O’con, que solo opera de día debido a la falta de agua, gas y luz en sus instalaciones. Durante años, la falta de inversión provincial obligó a que el municipio y comerciantes colaboren con recursos básicos, mientras que los propios efectivos han tenido que costear insumos esenciales para su labor diaria.

El aumento de delitos reavivó el pedido de mayor infraestructura judicial en la ciudad. La intendenta Daniela Salzotto solicitó la creación de un Juzgado de Familia y el refuerzo del Ministerio Público Fiscal para agilizar la respuesta ante hechos delictivos.

En paralelo, el municipio avanza con la optimización del Centro de Monitoreo, dotándolo de nueva tecnología para reforzar la vigilancia urbana. Sin embargo, el costo de instalación de cámaras es elevado y el Municipio lo está haciendo en etapas. La promesa de un próximo ingreso de fondos por la prórroga de los contratos petroleros podría acelerar ese proceso.

Uno de los puntos más críticos es la violencia de género. La Comisaría de la Familia no cuenta con un móvil propio, lo que dificulta la asistencia inmediata a las víctimas, mientras que la disponibilidad de tobilleras electrónicas y botones antipánico es insuficiente. La Subsecretaría de la Mujer y el Centro de Atención a Víctimas de Violencia complementan con importante aporte a la tarea, aunque con una capacidad limitada de acción. A diferencia de otras localidades donde existen políticas integrales de prevención y asistencia en conjunto con Provincia, en Catriel la respuesta aún es fragmentada y con múltiples carencias.

En este contexto, los hechos de inseguridad no cesan. El 16 de enero, Alejandro Osorio denunció el robo de su motocicleta, lo que marcó el inicio de una serie de delitos que se intensificaron en los meses siguientes. El 27 de enero, Fabián Rodríguez, de 52 años, fue asesinado a puñaladas en el barrio Preiss durante un reclamo para que le entreguen a sus hijos, mientras que el 8 de febrero, otro hombre de 50 años perdió la vida en el barrio Marini en un hecho de violencia delictiva.

El 5 de febrero, se registró el robo de una motocicleta tipo scooter. Días después, el 10 de febrero, una comerciante denunció acoso sexual dentro de su local, lo que la llevó a cerrar su negocio y exponer su caso ante la falta de respuestas judiciales. El 4 de marzo, otra motocicleta fue sustraída en la ciudad.

El 5 de marzo, tres delincuentes robaron una Toyota Hilux gris de un comercio local y escaparon por la Ruta 57. El 6 de marzo, un grupo de ladrones intentó sustraer una motocicleta en 25 de Mayo, La Pampa. Al no lograr su cometido, regresaron a Catriel, donde fueron detenidos en un operativo conjunto entre la Policía de Río Negro y La Pampa.

El 7 de marzo a la medianoche, una mujer denunció acoso callejero en la intersección de calles Pampa y Arabia por parte de un hombre en una camioneta. Horas después, un grupo de delincuentes armados con cuchillos irrumpió en una oficina comercial, amenazó a las trabajadoras y les robó sus teléfonos celulares. Esa misma noche, una vivienda en calles México y Atenas, en el barrio Mosconi, fue saqueada mientras sus propietarios estaban ausentes.

Mientras la inseguridad sigue en aumento, la comunidad espera por medidas concretas y una mayor coordinación entre municipio, provincia y fuerzas de seguridad para frenar la escalada delictiva.