En los primeros meses de 2025, las estadísticas reflejan un agravamiento de la violencia de género en el país. Los datos oficiales y de organizaciones especializadas evidencian la necesidad de medidas urgentes.

Entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2025, el Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven» registró 52 femicidios en Argentina, lo que equivale a un asesinato de una mujer cada 27 horas. De las víctimas, el 19% había realizado al menos una denuncia previa y el 15% contaba con medidas de protección vigentes.

Durante la feria judicial de enero, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió a 1.761 personas, lo que representa un incremento del 8% respecto del mismo período del año anterior. Del total de denuncias, el 47% correspondió a casos de violencia ejercida por parejas o exparejas y el 33% a situaciones de violencia filial.

El Observatorio «Adriana Marisel Zambrano» de La Casa del Encuentro reportó 55 femicidios y un femicidio vinculado entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2025. Según el informe, el 60% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 70% de los crímenes ocurrieron dentro del hogar.

Las cifras exponen la persistencia de la violencia de género en el país y la vulnerabilidad en la que se encuentran muchas víctimas, incluso aquellas que acceden a medidas de protección. La tendencia en aumento de las denuncias y la falta de efectividad en la contención de los casos generan preocupación en organizaciones feministas y especialistas en la materia, que advierten sobre la necesidad de fortalecer políticas de prevención y asistencia para evitar más muertes evitables.

En cuanto a las políticas públicas, la Ley 26.485, promulgada en 2009, establece un marco integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta normativa contempla medidas de asistencia gratuita en centros de salud, ayudas económicas, asistencia legal y laboral, y la facilitación de alojamiento cuando sea necesario. Además, promueve la formación de agentes de seguridad especializados y medidas educativas.

Sin embargo, en 2024, se produjeron cambios significativos en la estructura gubernamental dedicada a la temática de género. Tras asumir la presidencia, Javier Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado por la administración anterior. Las funciones de este ministerio fueron inicialmente transferidas a la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que posteriormente fue cerrada en junio de 2024. Además, se implementaron recortes presupuestarios en programas destinados a combatir la desigualdad de género y se prohibió el uso del lenguaje inclusivo en documentos oficiales.

Estos cambios generaron preocupación en organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia, quienes advierten sobre el desmantelamiento de políticas públicas esenciales para la prevención y asistencia en casos de violencia de género. A pesar de los desafíos actuales, es crucial reforzar el compromiso del Estado y la sociedad en su conjunto para garantizar la protección y el bienestar de todas las mujeres en Argentina.