Una jueza de Cipolletti se apartó de garantías procesales en una audiencia por presuntas estafas vinculadas a paquetes turísticos internacionales. La investigación alcanzó a una profesora de inglés de Catriel y a un familiar suyo. Durante el trámite judicial, la magistrada impidió al defensor interponer un recurso de revocatoria, restringió intervenciones de las partes y cerró la instancia sin dar la palabra a los imputados.

La magistrada rechazó que el abogado de la defensa ejerciera la revocatoria prevista en el artículo 223 del Código Procesal Penal. Ese mecanismo, aunque poco utilizado, permite a la parte afectada solicitar en la misma audiencia la revisión de una decisión adoptada por el propio juez. Se trata de una herramienta legal destinada a reforzar el derecho de defensa.

La jueza fundamentó su negativa en que ya disponía de “demasiada” información y expresó su malestar por lo que consideró un “ida y vuelta” excesivo entre las partes. De esa manera, el defensor quedó sin la posibilidad de plantear su recurso.

La tensión continuó en otros pasajes de la audiencia. Antes de dar por formulados los cargos, interrumpió al querellante particular y lo apuró con la frase: “Por favor, sea breve, porque me dicen que son breves y no paran de hablar”. Finalmente, resolvió sin escuchar previamente a los imputados, quienes declararon después de conocer la resolución, siguiendo la recomendación de la defensa.

El trámite se extendió por casi tres horas, un tiempo poco habitual para una formulación de cargos. Tras un cuarto intermedio, la jueza se dirigió al público y dispuso que nadie ingresara ni se retirara mientras la audiencia estuviera en curso: “Acá no es entrar y salir cuando quieran”, señaló en voz alta.

Según la acusación fiscal, la investigación gira en torno a una presunta operatoria internacional en la que se habrían ofrecido viajes educativos y paquetes turísticos que no se cumplieron en las condiciones pactadas. Varias personas denunciaron perjuicios económicos significativos.

La defensa, en tanto, remarcó que la docente investigada cuenta con una trayectoria de más de dos décadas organizando viajes sin inconvenientes, y que ella misma se encuentra entre las afectadas por la maniobra. Explicó que, al igual que otros damnificados, abonó de buena fe su propio viaje, que incluso utilizó ahorros personales y tarjetas de crédito para auxiliar a pasajeros varados, y que durante años anteriores los viajes se realizaron con normalidad.

Como medida cautelar, la jueza dispuso presentaciones periódicas en la comisaría más cercana, la prohibición de contacto con denunciantes, la inhibición general de bienes y una caución económica, además de la prohibición de salir del país.

No es la primera vez que la magistrada enfrenta cuestionamientos. En causas previas ya había sido apartada o recusada tras decisiones polémicas. En 2023, Rita Lucía pidió su propia recusación en el caso del femicidio de Otoño Uriarte, al reconocer que había intervenido como fiscal en el hallazgo del cuerpo en 2007. Durante una feria judicial omitió esa información y llegó a dictar medidas en el expediente antes de apartarse.

En otros procesos también protagonizó episodios cuestionados. En la causa por abuso sexual contra el fallecido sindicalista Rubén López se retiró en medio de la indagatoria contra el exlegislador de Juntos Somos Río Negro. La por entonces funcionaria del Ministerio Público alegó que estaba descompuesta y dejó procedimiento. Ocurrió en 2017 con el antiguo Código Procesal que funciona con juzgados de Instrucción. La jueza de la causa dejó constancia en el acta sobre el comportamiento de la funcionaria.

La actuación en esta audiencia vuelve a poner bajo observación el modo en que la magistrada conduce procesos judiciales. Sus resoluciones, adoptadas en instancias clave, restringieron la participación de las partes y reabren el debate sobre los límites del debido proceso y el respeto a las garantías judiciales.