En una audiencia realizada en Cipolletti se debatieron las medidas cautelares en la investigación por presuntas estafas vinculadas a viajes educativos al exterior. El caso involucra a una docente de inglés de Catriel y a un familiar suyo.

La querella particular solicitó la prisión preventiva, pero la jueza de Garantías rechazó el planteo por no encontrar fundamentos que justificaran la medida más gravosa prevista en el Código Procesal Penal de Río Negro.

El abogado defensor cuestionó con firmeza el pedido, señalando que el querellante había anticipado públicamente en distintos medios que solicitaría la prisión preventiva. “Si realmente existiera un riesgo de fuga, esa exposición previa habría sido contraproducente al alertar a la persona investigada”, argumentó. Para la defensa, este gesto demostró que el planteo tuvo más un fin mediático que procesal, buscando espectacularidad antes que resguardar el proceso.

El Ministerio Público Fiscal se diferenció de la querella y propuso una alternativa: presentaciones semanales en la comisaría, junto con la prohibición de salida del país.

La defensa también objetó las restricciones de movimiento, argumentando que la imputada desarrolla actividades laborales que requieren traslados internacionales. Limitar esa posibilidad, indicó, afectaría su capacidad de afrontar compromisos civiles vinculados al mismo caso.

La jueza finalmente resolvió una medida intermedia: dispuso la prohibición de salida del país con la posibilidad de solicitar autorización para viajes laborales, fijó una caución de 70 mil dólares y ordenó la inhibición general de bienes. En cambio, rechazó el pedido de embargo económico formulado por la querella.

Con esta resolución, la investigación continuará bajo medidas cautelares que garantizan la sujeción al proceso, sin avanzar en la privación de libertad solicitada inicialmente.