La Fiscalía Descentralizada de Catriel resolvió archivar la causa penal contra Liliana Silva, directora del instituto de inglés Target, al considerar que los hechos denunciados en relación con un viaje a Europa en 2024 no configuran delito penal. La resolución, firmada el 12 de mayo de 2025, fue notificada a las personas denunciantes.

Tras una investigación que incluyó testimonios de viajeros, documentación respaldatoria y aportes de prestadores internacionales, el Ministerio Público concluyó que no hubo engaño ni intención deliberada de provocar un perjuicio económico, condiciones necesarias para que la situación encuadre en una figura penal como la estafa.

La causa se había iniciado a partir de múltiples denuncias presentadas entre agosto y septiembre de 2024. Las personas afectadas habían contratado un viaje que incluía destinos como París, Edimburgo, Barcelona, Grecia y Portugal. El contingente incluía a personas de Catriel y otras ciudades del Alto Valle, y partió el 5 de julio. Durante el recorrido se produjeron diversos incumplimientos en los servicios contratados: vuelos no confirmados, alojamientos diferentes a los pactados, fallas en la logística y la alimentación.

La fiscalía determinó que la organización de los viajes fue realizada por Silva en conjunto con la empresa británica Simply English, dirigida por Lorraine Weston, con quien había trabajado en más de diez giras educativas previas sin inconvenientes. De acuerdo a la investigación, Weston incumplió con los compromisos asumidos en Reino Unido, situación que agravó el desarrollo del viaje y generó múltiples reclamos.

Silva, quien permaneció con el grupo en Europa, gestionó por su cuenta soluciones parciales durante la estadía. Algunas de las personas damnificadas sostienen que la maniobra de Weston habría afectado a más de 100 personas entre Argentina y Europa, y que el perjuicio económico podría superar los 500 millones de pesos, aunque ese monto no fue corroborado por la fiscalía. La empresa Simply English también fue denunciada en otros países por incumplimientos similares.

La fiscalía concluyó que lo ocurrido a lo sumo constituye un incumplimiento contractual, y que los reclamos deben continuar en sede civil o ante organismos de protección al consumidor. La conducta de Silva, según la resolución, no encuadra dentro de una figura penal y no existió dolo ni intención fraudulenta.

La causa fue archivada bajo el legajo MPF-CA-01106-2024.