Madres sin ingresos y padres que no pagan: buscan crear una ayuda económica en Río Negro

Un proyecto apunta a asistir a mujeres que, tras separarse en contextos de violencia, quedan solas con sus hijos y sin cobrar cuota alimentaria ni asignaciones.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro busca dar respuesta a una situación que, según sus autores, crece de forma silenciosa: madres que, tras separarse, quedan a cargo exclusivo de sus hijos sin recibir dinero por alimentos ni acceder a beneficios sociales.

La iniciativa, impulsada por los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene, propone crear un programa de asistencia económica para mujeres en situación de vulnerabilidad atravesadas por lo que definen como violencia económica post-separación.

El eje del planteo apunta a un problema concreto: padres que no cumplen con la cuota alimentaria y, en algunos casos, retienen beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el sistema SUAF, sin destinar esos recursos a los menores.

Según describen en el proyecto, esta situación deja a muchas mujeres sin ingresos, obligadas a sostener solas el cuidado de sus hijos mientras enfrentan procesos judiciales para reclamar lo que corresponde.

El programa propone otorgar una asistencia mensual equivalente al valor de la AUH durante cuatro meses, como una ayuda transitoria mientras se resuelve la restitución de los aportes alimentarios.

El planteo se apoya en estudios realizados en el Alto Valle, que advierten sobre una creciente feminización de la pobreza. El informe señala que, tras una separación, las mujeres enfrentan una doble carga: sostener el cuidado diario de los hijos y, al mismo tiempo, insertarse en un mercado laboral que suele ofrecer condiciones más precarias.

Además, se destaca que la violencia económica y patrimonial es el segundo tipo de violencia más reportado en el país, solo por detrás de la psicológica.

El proyecto prevé que la implementación esté a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, con un equipo técnico encargado de evaluar cada caso y cruzar información con organismos como ANSES, el Poder Judicial y áreas de protección social.

La iniciativa busca intervenir en una etapa crítica: el momento posterior a la ruptura, cuando el conflicto económico se convierte en un factor que profundiza la vulnerabilidad y extiende las consecuencias de la violencia más allá de la relación de pareja.