El Banco de Tierras de Catriel quedó en el centro de una polémica política tras un planteo presentado en el Concejo Deliberante que podría escalar a lo institucional. La concejala Elizabeth Cofré denunció que una ordenanza clave habría sido considerada aprobada sin cumplir, según el planteo, con los votos necesarios, y presentó un proyecto para anularla.

El planteo apunta directamente a la Ordenanza N° 384/24, que habilitó la desafectación de 9 reservas fiscales para incorporarlas al Banco Municipal de Tierras. Según el proyecto, la votación en el Concejo Deliberante habría sido de 5 votos afirmativos y 3 abstenciones, cuando la Carta Orgánica exige una mayoría especial de 6 votos positivos sobre un total de 8 concejales.

A partir de esa diferencia, Cofré sostiene que la norma no habría alcanzado la mayoría requerida y que, pese a ello, fue igualmente considerada sancionada, promulgada por el Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial en noviembre de 2024. En ese contexto, advirtió en redes sociales que el proceso de desafectación de tierras públicas “se está transformando en un negocio inmobiliario para algunos”, según expresó.

La situación tomó mayor relevancia tras la presentación, en febrero de 2026, de un representante legal vinculado a uno de los loteadores involucrados, quien solicitó información sobre el proceso. En ese marco, el proyecto menciona que una de las parcelas habría sido comercializada con destino a una cancha de pádel, extremo que deberá ser verificado en las instancias correspondientes.

Con estos antecedentes, la iniciativa impulsada junto a la concejala Juana Cárdenas (JSRN) propone declarar la “nulidad absoluta e insanable” de la ordenanza, instruir al Ejecutivo a suspender cualquier acto administrativo o material basado en ella y avanzar en una revisión técnica, jurídica y registral de las tierras involucradas, contemplando posibles situaciones de terceros que pudieran haber actuado de buena fe.

Además, el proyecto prevé dar intervención a la asesoría legal municipal, la sindicatura y el Tribunal de Cuentas, en el marco de las facultades de control del Concejo.

«La Desafectación de Tierras FIscales y de Espacios Verdes se está transformando en un negocio inmobiliario para algunos…»
Elizabeth Cofré (Primero Río Negro)

En paralelo, Cofré también puso en duda el tratamiento que podría tener la iniciativa dentro del cuerpo legislativo. “Veremos si le van a dar tratamiento o van a hacer como estan acostumbrados a esconder bajo «archivo»”, expresó al difundir el proyecto.

Por el momento, no se registraron pronunciamientos oficiales del Poder Ejecutivo ni de otros sectores del Concejo. La validez de la ordenanza y el alcance de los actos derivados quedaron ahora bajo análisis, en un escenario que podría abrir nuevas instancias administrativas y legales.

El planteo cobra especial relevancia en un contexto reciente: en enero de 2026, el Municipio concretó la primera entrega de lotes del Banco de Tierras, en el marco de un proceso que había comenzado con una preinscripción abierta entre enero y marzo de 2025, donde se registraron 1.515 formularios y se recepcionaron 563 expedientes completos.

Como resultado de ese procedimiento —regulado por la Ordenanza N.º 371/24— se adjudicaron 35 lotes a vecinos y vecinas de Catriel, de los cuales 30 correspondieron a la modalidad de venta directa no promocional y 5 a la categoría promocional social.

En ese marco, el Banco de Tierras se posiciona como una herramienta clave de acceso al suelo urbano, lo que amplifica el impacto del debate actual sobre la legalidad de las decisiones vinculadas a su funcionamiento.