La polémica por la ordenanza vinculada al Banco de Tierras en Catriel sumó un nuevo capítulo con tono de confrontación directa. A pocos días de asumir, el secretario de Gobierno Diego Pereyra salió al cruce de concejalas de la oposición y buscó respaldar el proceso cuestionado.

El funcionario compartió una captura de la nota periodística de este medio y lanzó: “La verdad que leer esto es una cosa de no creer”. A partir de allí, apuntó contra las concejalas que impulsaron el proyecto de nulidad de la Ordenanza N° 384/24, que habilitó la desafectación de tierras públicas.

En su descargo, Pereyra sostuvo que las autoras del planteo deberían informarse sobre el proceso y afirmó que “no se puede anular la ordenanza”, al considerar —según expresó— que el planteo evidenciaría un desconocimiento del funcionamiento institucional. También remarcó que la abstención en la votación “no les quita responsabilidad” y que, de acuerdo a su interpretación, en el acta de sesiones no se habría advertido ningún error durante el tratamiento.

El eje más fuerte de su mensaje llegó al referirse a antecedentes políticos. “Los únicos que hicieron negocio con la venta de terrenos fueron los gobiernos que ellas representaron durante mucho tiempo”, afirmó, y agregó que en “las últimas gestiones se vendieron terrenos a funcionarios”, en alusión —según sus dichos— a administraciones anteriores vinculadas al espacio MOVIC.

Además, el secretario señaló que la promulgación de ordenanzas es una facultad propia del Ejecutivo, mientras que la aprobación corresponde al Concejo Deliberante. En ese marco, indicó que el tratamiento legislativo es responsabilidad de los propios concejales.

El cierre de su intervención fue directo: “Claramente quieren ensuciar la gestión de la intendenta Daniela Silvina Salzotto”, expresó.

Las declaraciones se producen en respuesta al proyecto presentado por las concejalas Elizabeth Cofré y Juana Cárdenas, que plantea la nulidad de la ordenanza por considerar que no se habría alcanzado la mayoría especial requerida para su aprobación.

Por el momento, no se registraron nuevos pronunciamientos institucionales tras el cruce público. La discusión sobre la validez de la norma y sus efectos sobre las tierras involucradas continúa abierta, ahora con posiciones enfrentadas tanto en el plano político como en el institucional.