La seguridad volvió al centro de la escena en Río Negro tras la presentación de un proyecto que propone un cambio clave en el accionar policial. La iniciativa plantea autorizar el uso de armas “no letales” para intervenir en situaciones de riesgo, con el objetivo de evitar el uso directo de armas de fuego.

La propuesta fue impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla, y apunta a dotar a la Policía de herramientas intermedias para actuar ante conflictos donde el uso de una pistola calibre 9 mm resulte desproporcionado, pero donde aún sea necesario neutralizar una amenaza.

Según el proyecto, existen múltiples escenarios cotidianos —como episodios de violencia o ataques con armas blancas— en los que los agentes enfrentan un dilema: no intervenir o recurrir a un arma letal. En ese punto, la iniciativa busca incorporar dispositivos como pistolas Taser, gas pimienta, proyectiles de goma y granadas de distracción, herramientas ya utilizadas en otras provincias y países.

El texto establece que el uso de estas armas estaría limitado a situaciones de “peligro inminente”, definidas por conductas violentas o escenarios donde la integridad del personal o terceros esté en riesgo. Además, solo podrían portarlas agentes que cuenten con capacitación específica, con un registro obligatorio de personal habilitado.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el control sobre su utilización. Cada intervención en la que se empleen estos dispositivos debería quedar registrada mediante sistemas de audio y video, lo que funcionaría como respaldo tanto para los नागरिकos como para los efectivos ante eventuales investigaciones administrativas o judiciales.

La iniciativa también pone el foco en la necesidad de un uso gradual y racional de la fuerza, buscando reducir situaciones donde el desenlace pueda ser fatal. Sin embargo, la propuesta ya empieza a generar debate en torno a sus alcances, los protocolos de aplicación y los posibles riesgos de abuso.

Por ahora, el proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. Mientras tanto, la discusión queda instalada: hasta dónde debe avanzar la fuerza policial y con qué herramientas intervenir en contextos de creciente conflictividad.