El gobierno encabezado por Javier Milei alcanzó dos marcas inéditas en materia de acceso a la información pública: desde que asumió, en diciembre de 2023, fue la gestión que más solicitudes recibió y, al mismo tiempo, la que más veces incumplió con los plazos para responder. Así lo indican los datos relevados por el Centro de Datos de Chequeado, en base a información oficial.

Entre diciembre de 2023 y abril de 2025, se realizaron 12.508 pedidos, lo que representa un promedio mensual de 781. Es la cifra más alta desde que entró en vigencia la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, en septiembre de 2017. La ley permite que cualquier persona, sin necesidad de justificar su interés, solicite información a entidades del Estado. El plazo para responder es de 15 días hábiles, con posibilidad de prórroga.

Sin embargo, de los 11.866 expedientes cuyos plazos ya vencieron en la actual gestión, el 7,7% (917) no recibió respuesta, superando los incumplimientos registrados durante los gobiernos de Mauricio Macri (2,4%) y Alberto Fernández (3,1%).

Uno de los casos que puso en evidencia esta situación fue el de la petrolera estatal YPF, que se negó a entregar información sobre sus campañas publicitarias pese a una resolución favorable de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Esto ocurrió mientras la compañía mantenía sus gastos en publicidad, a diferencia del Estado nacional, que redujo drásticamente la inversión en ese rubro.

En septiembre de 2024, el Ejecutivo modificó la reglamentación de la ley mediante el Decreto 780/2024. La nueva norma incorporó una redefinición de “información pública” que, según especialistas, restringe aún más el acceso. “Se sumaron excepciones a las ya existentes y se limitó el derecho”, advirtió Clara Lucarella, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Durante la gestión Milei, los organismos más requeridos fueron el Ministerio de Economía (casi 4 mil pedidos), la Jefatura de Gabinete (más de 2.100), Salud (1.398), Capital Humano (1.289) y la Secretaría General de la Presidencia (664). Los datos muestran una continuidad en los focos de interés: esas áreas también concentraron los pedidos durante los gobiernos anteriores.

El Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, fue el que tuvo la tasa más alta de incumplimiento: 70% de los pedidos vencidos no fueron respondidos. Lo sigue la Secretaría de Medios, a cargo de Manuel Adorni, con un 66%. El Ministerio de Salud, por su parte, dejó sin respuesta el 14% de los pedidos.

Juan Francisco Krahl, de la ONG Directorio Legislativo, destacó que el aumento sostenido de solicitudes en los últimos años revela que “cada vez más personas reconocen como propio el derecho a pedir información al Estado”. Entre quienes más utilizan este recurso se encuentran personas particulares (13.167 pedidos), el sector académico (4.615), medios de comunicación (3.423), empleados públicos (3.146) y organizaciones no gubernamentales (2.331).

Para Agustina Del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), la pérdida de impulso en la implementación de la ley tiene causas estructurales. “Bajó mucho el monitoreo de cómo funcionan los organismos de acceso y hubo una rotación importante de personal, lo que también impacta”, señaló.

A casi ocho años de su implementación, la Ley de Acceso a la Información enfrenta hoy uno de sus mayores desafíos: garantizar su cumplimiento en un contexto de mayor demanda, pero también de crecientes obstáculos normativos y operativos.