Durante años evitó cumplir con su responsabilidad, pero esta vez la respuesta judicial fue contundente. Un hombre que nunca pagó la cuota alimentaria de su hijo durante más de una década quedó en una situación límite luego de que la Justicia avanzara con una serie de medidas que impactan directamente en su vida diaria.
Todo comenzó con la presentación realizada por el propio joven en agosto de 2024, cuando decidió reclamar lo que le correspondía. Según expuso, desde la separación de sus padres, cuando tenía apenas cuatro años, su padre jamás cumplió con la obligación alimentaria, por lo que todos los gastos recayeron exclusivamente en su madre, con ayuda de otros familiares.
En ese momento, el adolescente cursaba el último tramo del secundario, practicaba deportes y asistía a terapia psicológica. El dinero era indispensable, no solo para sostener su presente sino también para proyectar su futuro. Su objetivo era claro: estudiar el profesorado de Educación Física, una carrera que en la región solo se dicta en instituciones aranceladas. Sin embargo, esa posibilidad comenzó a desmoronarse por la falta de recursos.
El primer intento fue una mediación para evitar el conflicto judicial, pero el hombre no se presentó. Luego, ya en el marco de la demanda, respondió negando su capacidad de pago. Argumentó problemas de salud que le impedirían trabajar, aunque no presentó ningún certificado médico. Incluso sostuvo que es su actual pareja quien lo mantiene económicamente.
Sin embargo, la investigación aportó otra mirada. Testimonios y registros indicaron que el hombre tendría un emprendimiento propio, además de vehículos y hasta un terreno en el parque industrial de Cipolletti. También figuraba inscripto en el monotributo, lo que sugiere generación de ingresos.
Con estos elementos, en julio del año pasado, la jueza de familia hizo lugar al reclamo y fijó una cuota equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil, además del pago de la deuda acumulada. Pero ni siquiera esa orden logró modificar la conducta del demandado.
Frente al incumplimiento reiterado, la Justicia avanzó con medidas más severas: le suspendieron la licencia de conducir, las líneas telefónicas a su nombre, lo inscribieron en el Registro de Deudores Alimentarios y le prohibieron salir del país.
Lejos de regularizar su situación, el hombre siguió sin cumplir. Por eso, en una nueva presentación realizada este año, la defensa del joven solicitó ir un paso más allá. El planteo fue claro: si no cumple, debe enfrentar consecuencias que afecten directamente su actividad económica.
Finalmente, la jueza resolvió profundizar las sanciones y ordenó el bloqueo del CUIT y la baja del monotributo, una medida que impacta de lleno en su posibilidad de generar ingresos formales.
En su resolución, recordó que la obligación alimentaria se extiende hasta los 21 años, salvo que se demuestre que el hijo puede sostenerse por sus propios medios. En este caso, lejos de esa situación, el joven sigue intentando construir su futuro, mientras la Justicia busca garantizar un derecho básico que durante años le fue negado.
La historia no solo expone un conflicto familiar, sino también el alcance de las herramientas judiciales cuando el incumplimiento se vuelve sistemático. Y deja abierta una pregunta que resuena más allá del caso: qué pasa cuando la responsabilidad llega demasiado tarde.
