Desde la Fiscalía de Catriel confirmaron que se radicaron dos denuncias vinculadas a un incidente ocurrido el martes 7 de octubre en la sede del Tribunal de Cuentas municipal, ubicada dentro del Punto Digital sobre la Avenida San Martín. Una fue presentada por Ramiro Peñalba, integrante del Tribunal, en la Comisaría 9ª; y la otra por la intendenta Daniela Salzotto, en la Comisaría de la Familia.
Ambas partes reconocieron que se produjo una discusión con gritos e insultos, aunque difieren en quién inició el altercado y qué motivó la tensión. Según fuentes judiciales consultadas por Viento Sur Noticias, el hecho se originó durante una reunión en la que funcionarias municipales solicitaron explicaciones sobre facturas de proveedores y el procedimiento de control administrativo.
Versión del Tribunal de Cuentas
Peñalba denunció que las funcionarias municipales ingresaron al recinto “de manera prepotente e irrespetuosa”, lo que impidió el normal desarrollo de sus tareas. Afirmó que fue increpado por ejercer su rol de control sobre los gastos municipales. “Querían que aprobemos facturas de un proveedor que todavía no cumplió con una obra. No vamos a hacer nada que no corresponda”, sostuvo.
El funcionario también aseguró que alguien grabó parte del encuentro y que presentó el audio ante la Justicia. “Si no hubiera existido esa grabación, hubiera sido víctima de una operación política. No insulté a nadie, ni eché a la intendenta. Es un intento de desprestigiarme”, expresó luego a su entorno cercano.
La versión del Ejecutivo municipal
Desde el entorno de Salzotto aseguran que la intendenta escuchó gritos desde una oficina contigua y se acercó al lugar para intervenir. Según su declaración, presenció malos tratos y agresiones verbales por parte de Peñalba hacia las funcionarias presentes, entre ellas la secretaria de Hacienda y la asesora legal del municipio. Cuando llegó Salzotto al lugar, la situación habría escalado y Peñalba habría echado a la intendenta del lugar, lo que provocó una reacción de reclamo por parte del resto de las funcionarias. Desde el oficialismo informaron que la jefa comunal “debió ser asistida por una descompensación” luego del episodio.
El bloque de concejales del Frente de Acción Vecinal, fuerza oficialista, emitió un comunicado de respaldo a Salzotto, en el que expresó su “repudio al hecho de violencia y maltrato” y exigió celeridad a la Justicia. También remarcaron que “el respeto a la investidura y a la persona es innegociable” y que las diferencias políticas deben resolverse “por vías institucionales y con diálogo”.
Malestar en el ámbito judicial
Fuentes judiciales consultadas por este medio señalaron su preocupación por el tono del conflicto y por el hecho de que se haya judicializado un enfrentamiento político. “Se pelean como chicos y usan la Justicia para resolver cuestiones que son políticas. Es una falta de respeto hacia la ciudadanía. Tienen que demostrar estar a la altura del cargo que ocupan”, dijo una funcionaria judicial. Otra fuente fue más prudente, pero coincidió en que la disputa “debería resolverse con diálogo institucional y no mediante denuncias que sobrecargan al sistema judicial”.
Un conflicto de larga data
El enfrentamiento entre el Ejecutivo municipal y el Tribunal de Cuentas viene acumulando tensiones desde hace meses. Desde el municipio se cuestiona que el órgano de control realiza observaciones excesivas que obstaculizan la gestión, mientras que desde el Tribunal se sostiene que su función es “garantizar la transparencia y el uso responsable de los fondos públicos”.
El último episodio que profundizó el desencuentro fue la autorización de pagos anticipados por parte del Ejecutivo para la Fiesta del Petróleo, mediante una resolución firmada por Daniela Salzotto y la secretaria de Economía y Finanzas, Marisa Pérez. La medida permite realizar desembolsos sin la intervención previa del Tribunal de Cuentas, aunque con control posterior, argumentando razones de “oportunidad económica” ante la volatilidad de precios en contrataciones artísticas y técnicas.
Desde el Tribunal consideraron que la resolución contradice el espíritu de la Carta Orgánica, que establece la intervención obligatoria del órgano de control antes de toda erogación. El tema sigue generando debate político e institucional en la ciudad.
Previo a ese episodio, desde el Ejecutivo se impulsó un proyecto en el Concejo para que se exija acreditar idoneidad a los integrantes del Tribunal para el puesto que ocupan. El proyecto fue aprobado por la mayoría oficialista, pero hasta el momento no se implementó porque el Tribunal desconoce esa facultad del Deliberante. Aseguraron que debió realizarse en tiempo y forma y no una vez iniciada la función de los integrantes.
Un llamado al diálogo
El conflicto dejó expuesta la falta de canales efectivos de comunicación entre los distintos poderes locales. Desde distintos sectores comunales, judiciales y políticos se insistió en que “las diferencias deben resolverse con madurez y respeto a la institucionalidad” para evitar que la disputa afecte el funcionamiento del municipio.