El Gobierno, a través de la intervención del ENACOM (Ente Nacional de Telecomunicaciones), decidió eliminar todas las regulaciones que imponían topes a las tarifas de internet, celulares y cable. Esta medida se formalizó mediante la Resolución 13/2024, y se enmarca en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que derogó el DNU 690/2020, el cual declaraba estos servicios como «públicos esenciales y estratégicos». Con esta derogación, las empresas de telecomunicaciones recuperan la capacidad de fijar libremente sus precios.

El impacto inmediato de esta decisión podría traducirse en un aumento significativo en las tarifas de los servicios de telecomunicaciones. Anteriormente, las resoluciones del ENACOM bajo la gestión de Claudio Ambrosini limitaban los aumentos a un 5% y, en algunos casos, hasta un 10% mensual. Sin estos topes, las empresas tienen la libertad de ajustar sus precios de acuerdo con sus necesidades y estrategias de mercado, lo que podría resultar en aumentos de costos para los consumidores.

Desde la perspectiva de las empresas de telecomunicaciones, esta desregulación es vista como una oportunidad para «mejorar la competitividad y calidad de los servicios», según explicaron desde el sector y el gobierno nacional. La justificación del organismo regulador es que la libre fijación de precios es «esencial para el desarrollo y crecimiento del sector», permitiendo a los licenciatarios «adaptarse mejor a las condiciones del mercado y realizar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y los servicios ofrecidos».

Sin embargo, para los consumidores, la eliminación de los topes tarifarios puede representar un desafío económico, especialmente en un contexto inflacionario. Los usuarios de internet, servicios móviles y televisión por cable podrían enfrentar un incremento en sus gastos mensuales, lo que afectaría su presupuesto familiar y su capacidad de acceso a estos servicios esenciales. Este impacto podría ser más severo en los sectores de menores ingresos, exacerbando la brecha digital y limitando el acceso equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación.

La resolución, que entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, marca un cambio significativo en la política regulatoria del sector de las telecomunicaciones en Argentina. La intervención del ENACOM, liderada por Juan Martín Ozores y los interventores adjuntos Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, tiene el objetivo de auditar la gestión anterior y evaluar la estructura organizativa del ente, con miras a fomentar su profesionalización y eficiencia. Sin embargo, por el momento la prioridad parecen tenerla los intereses de las corporaciones de telecomunicación.