El 27 de junio de 2024, en Cipolletti, se resolvió el sobreseimiento de una persona acusada de amenazas contra el personal de un establecimiento educativo en Catriel. El caso se originó a raíz de un incidente ocurrido el 31 de octubre de 2022 en el CET 21 de barrio Preiss.

La denuncia penal surgió cuando la madre de un estudiante del CET 21 acudió al colegio para expresar su frustración por la falta de atención que, según ella, su hijo había recibido debido al bullying y acoso por parte de sus compañeros. La mujer, en su visita al colegio, recriminó a las autoridades y realizó amenazas hacia el personal, incluyendo al vicedirector, preceptor, secretaria y miembro del equipo educativo. Les advirtió: «los voy a matar a todos» y «si yo traigo una escopeta y los mato a todos, la loca soy yo».

Todo lo dijo “mientras movía el morral que llevaba colgado de lado a lado como que iba a sacar algo de su interior”, destaca el fallo judicial conocido recientemente. Este incidente provocó una denuncia penal por amenazas.

El conflicto se intensificó cuando el hijo de la mujer, enfurecido por la situación, lanzó una bomba de humo en el colegio y amenazó a otros estudiantes a través de las redes sociales. Este acto adicional generó una denuncia y la intervención del consejero de Educación. A principios de 2022, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro (SENAF) fue involucrada para trabajar con el joven y su familia, debido a la situación de violencia prolongada.

Durante el primer trimestre del año, se recomendó que el joven completara su escolaridad en casa hasta que se resolviera la situación de violencia. Sin embargo, no se dispuso de un docente para este acompañamiento, lo que fue uno de los reclamos principales de la madre.

El proceso judicial para la madre, quien había sido acusada de amenazas, fue suspendido temporalmente y se le solicitó a una jueza de Garantías la realización de pericias antes de continuar con el proceso penal. Finalmente, la Jueza de Garantías resolvió el 27 de junio de 2024 declarar extinguida la acción penal y sobreseer a la acusada, dado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la suspensión del juicio a prueba.

La resolución indica que el proceso no afectó el buen nombre y honor de la acusada, y se notificó al Juzgado de Paz de Catriel que la acusada no deberá continuar presentándose ante dicha unidad. Esta situación destaca la falta de recursos estatales para el abordaje de casos similares y la tensión en la comunidad educativa ante la necesidad de abordar conflictos escolares con una mayor intervención y apoyo para los estudiantes afectados.