El Gobierno nacional confirmó que evalúa modificar la Ley Nº 26.639, que protege glaciares y ambiente periglacial, para reducir la superficie vedada a actividades extractivistas como la minería. Fuentes oficiales lo habrían anticipado al diario La Nación, aunque la Dra. Laura Zalazar, del Ianigla, subrayó la falta de comunicación con el organismo encargado del inventario y destacó que los cambios se discuten sin respaldo científico.
Desde su sanción en 2010, tras el fallido veto de 2008, la norma impide obras, exploración y explotación en glaciares. Fue ratificada por la Corte en 2019 frente a una demanda de San Juan y empresas mineras. Protege casi 17.000 cuerpos de hielo, esenciales para preservar las reservas de agua dulce y equilibrar sistemas hídricos.
Zalazar explicó que se evalúa eliminar la protección sobre “glaciares de escombros inactivos”, una categoría técnica sin definición precisa y que suele encontrarse mezclada con glaciares activos, por lo que el cambio carece de sentido científico y abre una puerta a la intervención humana en zonas hoy reservadas.
Desde Greenpeace advierten que esta modificación «fideliza intereses del lobby minero» y que implicaría una regresión ambiental comparable a permitir que se exploten zonas hoy vedadas. Insisten: el agua no se negocia. Nicole Becker, de Jóvenes por el Clima, destaca que los glaciares aportan el 70 % del agua dulce del planeta y actúan como reguladores climáticos insustituibles. Su preservación cumple además con compromisos internacionales y garantías constitucionales sobre ambiente sano.
En tanto, el Ianigla informa que el inventario se actualiza por regiones, aunque sin presupuesto asignado, y el equipo trabaja a fuerza de recursos propios. El próximo informe para Mendoza y San Juan se espera entre abril y mayo del año próximo.
Frente a esta situación, el gobierno podría avanzar mediante un decreto o proyecto de ley, mientras crece la presión para que mantenga intacta la protección legal. Quienes defienden la norma aseguran que cualquier cambio significaría debilitar un escudo ambiental que la sociedad exigió y logró, y exigen que las decisiones sobre el futuro del agua sean públicas, fundamentadas y participativas.