La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció la revocación total de los permisos del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), argumentando que existía un «desvío de marihuana hacia el mercado ilegal». La medida, respaldada por el ministro de Salud, Mario Lugones, generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones cannábicas, pacientes y especialistas en salud, quienes advirtieron sobre los riesgos sanitarios y legales de esta decisión.

Bullrich afirmó que durante el gobierno de Alberto Fernández se emitieron 300.000 permisos para el cultivo de cannabis medicinal y que muchos habrían sido utilizados con fines comerciales no autorizados. Como ejemplo, mencionó el caso de un cultivador en Santa Fe que poseía 18.000 plantas, superando ampliamente el límite permitido. Sin embargo, no se encontraron registros públicos o informes oficiales que respalden la existencia de este caso específico. Tampoco brindó datos oficiales que acrediten que una cantidad significativa de estos permisos haya sido desviada hacia actividades ilegales.

Desde diversas organizaciones señalaron que la ministra presentó información errónea y que la medida afectará a miles de pacientes que utilizan cannabis medicinal para tratar fibromialgia, epilepsia, trastornos del sueño y otras patologías. Valeria Salech, de la organización Mamá Cultiva, confirmó la participación del colectivo en la movilización del 27 de febrero en Plaza de Mayo, convocada por los trabajadores de la salud.

El abogado Juan Palomino, especialista en derecho cannábico, advirtió que la medida podría ser inconstitucional, ya que la Ley 27.350 protege el acceso al cannabis medicinal y su revocación generaría una «catarata de amparos». Además, expertos alertaron que la decisión obligaría a los pacientes a recurrir al mercado ilegal sin controles sanitarios, exponiéndolos a productos de menor calidad y sin regulación.

También sostuvo que la marihuana legal en Uruguay tiene un 2% de THC, cuando en realidad puede alcanzar hasta un 15%, según el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). La variedad «ALFA», dispensada en farmacias uruguayas, tiene hasta un 9% de THC, mientras que la «GAMMA» llega hasta 15%.

Un artículo de la Revista del Ministerio Público de la Defensa de la Nación analizó cómo la judicialización de acciones relacionadas con el cannabis medicinal afectó negativamente a pacientes y cultivadores solidarios. La investigación concluyó que el autocultivo regulado es una respuesta efectiva para evitar que los usuarios recurran al mercado negro, debilitando así el narcotráfico. Un estudio publicado en la Revista REDES reforzó esta idea, destacando el papel de los activistas en la promoción del acceso al cannabis terapéutico en Argentina.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que la regulación del cannabis medicinal mejora la seguridad pública al reducir el mercado ilegal y garantizar el acceso seguro para los pacientes. En sus publicaciones, la organización abogó por políticas de drogas basadas en la salud pública y los derechos humanos, alejándose de enfoques punitivistas que asocian erróneamente el autocultivo con el narcotráfico.

Desde el Ministerio de Salud, en agosto de 2023, se habían modificado los requisitos del Reprocann para exigir que los médicos responsables contaran con diplomaturas o maestrías en cannabis medicinal. Sin embargo, organizaciones y pacientes denunciaron que esta medida limitó el acceso a tratamientos y aumentó la burocracia.

Especialistas interpretaron la decisión de Bullrich como una estrategia política para desviar la atención de la lucha contra el narcotráfico y estigmatizar el uso medicinal del cannabis. Organizaciones como Mamá Cultiva y la ONG 4 Almas calificaron la medida de «improvisada» e «irresponsable», advirtiendo que vulnera derechos adquiridos y pone en riesgo la salud de miles de personas.