La Legislatura de Río Negro comenzó a recibir proyectos que ponen el foco en un problema cada vez más sensible: el uso de celulares e internet dentro de las cárceles y la posibilidad de que personas privadas de la libertad continúen organizando delitos desde los penales.

Una de las iniciativas propone incorporar el concepto de “privación de libertad digital” al sistema penal provincial. El objetivo es que la privación de libertad no se limite únicamente al encierro físico, sino que también contemple la restricción del acceso a dispositivos tecnológicos cuando puedan ser utilizados para cometer delitos.

El proyecto, presentado por el bloque Pro Unión Republicana, plantea modificar el Código Procesal Penal para limitar el uso de teléfonos celulares, internet y redes sociales dentro de las unidades penitenciarias de Río Negro.

En sus fundamentos, la propuesta advierte que muchas organizaciones criminales pueden continuar operando desde establecimientos penitenciarios mediante teléfonos móviles y conexión a internet. Entre los delitos mencionados aparecen estafas telefónicas, extorsiones, amenazas y otras maniobras delictivas.

El texto también menciona antecedentes registrados en Río Negro, entre ellos casos de internos acusados de liderar estafas desde prisión y secuestros recientes de celulares y chips dentro de establecimientos penitenciarios.

La iniciativa aclara que las comunicaciones con familiares, abogados y autoridades judiciales deberán seguir garantizadas, aunque mediante sistemas controlados por el Servicio Penitenciario.

En paralelo, otro proyecto presentado por el legislador César Domínguez, de Primero Río Negro, propone prohibir expresamente el ingreso, la tenencia y la utilización de teléfonos móviles, tablets y acceso a internet por parte de personas privadas de la libertad en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.

Esta segunda propuesta plantea reemplazar el uso de dispositivos personales por un sistema de comunicaciones institucionales, controlado exclusivamente a través de telefonía fija. Según el proyecto, las llamadas deberían realizarse en horarios específicos, con una duración máxima de cinco minutos y mediadas por una operadora.

Uno de los puntos más fuertes de la iniciativa es que cada comunicación debería informar de manera obligatoria a la persona que recibe la llamada que el contacto proviene de una institución carcelaria. Además, se deberían brindar los datos del interno y un número gratuito para realizar denuncias ante posibles delitos.

El proyecto también establece que el Ministerio de Seguridad y Justicia deberá encargarse del bloqueo e inhibición de toda señal de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios, como medida para impedir el uso irregular de celulares.

En los fundamentos, Domínguez sostiene que la flexibilización permitida durante la pandemia ya no tiene sustento jurídico ni fáctico. Además, plantea que el uso de estos dispositivos dentro de los penales no constituye un derecho vulnerado, sino una herramienta que puede ser utilizada para extorsionar, estafar, amenazar e incluso organizar delitos más graves.

Ambas iniciativas deberán iniciar ahora su tratamiento en comisiones antes de llegar al recinto. El debate promete abrir una discusión de fondo sobre seguridad, derechos, control penitenciario y prevención del delito en Río Negro.

El punto central será cómo garantizar las comunicaciones legítimas de las personas detenidas con sus familias, defensas y autoridades judiciales, sin permitir que los dispositivos tecnológicos se transformen en una herramienta para cometer delitos desde el interior de las cárceles como ocurre ahora.