La aprobación de la Ley de Reiterancia en Río Negro reavivó el debate sobre la situación carcelaria en la provincia. La norma, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck para frenar la “puerta giratoria” judicial, permite solicitar prisión preventiva a quienes reincidan en delitos, incluso en casos de corrupción y fraudes contra la administración pública.
Pero lejos de resolverse el problema de la inseguridad, el sistema penitenciario enfrenta un escenario de colapso. Según datos oficiales, las cárceles rionegrinas tienen capacidad para 1.169 internos y alojan actualmente 1.338, es decir, 169 más de lo permitido. A esto se suman 164 personas privadas de la libertad en comisarías —126 procesados y 38 condenados—, que deberían estar bajo custodia penitenciaria.
Rubén Muñoz, referente del Consejo de Bienestar Policial, advirtió que el desborde “ya no es exclusivo de los penales” y que se replica en las comisarías de la región, que carecen de infraestructura y personal capacitado para alojar detenidos.
Habeas corpus y fallos judiciales
La jueza de Ejecución Penal de Bariloche, Sandra Ragusa, admitió un habeas corpus presentado por la defensora pública Natalia Araya, quien denunció hacinamiento en la comisaría Segunda: siete internos sin baño, calefacción ni ventilación, durmiendo en el piso y con alimentos guardados en condiciones insalubres.
Ragusa señaló que los condenados alojados en comisarías quedan privados de acceso a visitas, atención médica y programas de reinserción. También recordó que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) alertó sobre la falta de agua potable en el penal 2 de Roca y ordenó al Gobierno provincial garantizar el suministro.
La posición oficial
El ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, relativizó la crisis. “El servicio penitenciario no tiene inconvenientes con el tema de los detenidos. No hay amotinamientos ni homicidios”, afirmó. Y defendió la Ley de Reiterancia: “Hoy la sociedad está más tranquila porque quienes reinciden permanecen detenidos”.
No obstante, los propios responsables penitenciarios reconocieron la falta de plazas. El director del penal 3 de Bariloche, comisario José Ibarra, informó que su establecimiento tiene 153 internos y no puede recibir más.
Preguntas abiertas
Desde distintos sectores judiciales y de la defensa pública surge la preocupación: ¿Está preparado el sistema para la cantidad de detenidos que genera la nueva ley? ¿Dónde serán alojados quienes ingresen en los próximos meses?
Mientras el Gobierno sostiene que se trabaja en soluciones, jueces y defensores advierten que la sobrepoblación ya vulnera derechos básicos y agrava las condiciones de encierro en Río Negro.