La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa “Vialidad” deberán afrontar, de manera solidaria, el pago de 684.990.350.139,86 pesos como pena accesoria al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La resolución fue adoptada por unanimidad por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes en un fallo de 81 páginas validaron el monto actualizado y la metodología aplicada. El decomiso había sido fijado originalmente en poco más de 84 mil millones de pesos por el Tribunal Oral Federal N°2, y luego ratificado en todas las instancias judiciales, incluida la Corte Suprema. La actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elevó la suma a casi 685 mil millones.

La defensa de Fernández de Kirchner, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó la resolución por considerar que convierte un cálculo provisorio en definitivo “que no puede ser controvertido por las partes”. Sostuvieron además que la elección del IPC vulnera derechos de defensa y resulta “arbitraria, infundada y contraria a jurisprudencia de la propia Corte”.

En sentido opuesto, el fiscal general Mario Villar había solicitado la ratificación del decomiso. Subrayó que se trata de una pena accesoria vinculada al direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, y sostuvo que “la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas”. Según Villar, tanto el monto como la metodología fueron discutidos en todas las instancias judiciales y se encuentran firmes.

El contraste con el perito contable de la defensa, José Lucas Gaincerain, fue notorio: calculó que el monto debía rondar los 42.494 millones de pesos, apenas un 6% de lo confirmado por Casación. No obstante, el tribunal consideró sólidas las pericias oficiales y desestimó la impugnación.

Con este fallo, el proceso de ejecución del decomiso queda firme y abre una nueva etapa en la causa “Vialidad”, uno de los expedientes más relevantes en materia de corrupción vinculada a la obra pública en Santa Cruz.