El Tribunal de Cuentas de Catriel emitió el pasado 2 de junio el dictamen N°5/25, en el que cuestionó la contratación de la artista Magui Olave por parte del Ejecutivo municipal. El contrato, gestionado con la productora YAYO Producciones, estipulaba un pago de 20 millones de pesos libres de gravamen, más gastos asociados por logística, alojamiento y alimentación para unas 30 personas.
Según el dictamen, el contrato fue firmado el 8 de mayo, mientras que el Ejecutivo recién informó al Tribunal sobre la contratación el 21 de mayo, solicitando su aprobación. También indica que ese mismo día se emitió la resolución N°2608/25, en la que se convalidó el acuerdo y se autorizó el primer pago, sin intervención previa del órgano de control.
El Tribunal sostuvo que el proceso infringió el control preventivo obligatorio, tal como lo establece la normativa vigente. Aunque reconoció que es atribución del Ejecutivo contratar espectáculos, objetó tanto la forma del procedimiento como el monto asignado, calificándolo como un gasto “no conveniente ni oportuno” en un contexto de “profunda crisis económica y social”. En el mismo documento se advierte sobre una posible “afectación al principio de razonabilidad y el uso eficiente de los recursos públicos”, e instó al Municipio a “rever la contratación” y “redirigir los recursos hacia prioridades esenciales”.
La interpelación generó malestar en el Ejecutivo. Si bien públicamente la intendenta Daniela Salzotto evitó declaraciones sobre el accionar del Tribunal, en conversaciones privadas atribuyó el dictamen a una estrategia de desgaste institucional: “Son obstaculizadores crónicos. Les molesta que esté activa, que traiga eventos, obras, y por eso objetan todo”, afirmó a su entorno.
Consultada por Viento Sur Noticias, la jefa comunal confirmó que el espectáculo fue cancelado, pero sostuvo que la decisión fue anterior a la intervención del Tribunal. Según explicó, la productora no cumplió con los términos acordados para la facturación y, además, pretendió modificar el monto establecido en el contrato. “Nos quisieron cambiar las condiciones después de haber llegado a un acuerdo. No me gustó, así no se trabaja. Desarmé el convenio”, indicó. Aseguró que la rescisión fue comunicada antes de recibir el dictamen del órgano de control. «El dictamen de ellos entró un día después», aseguró.
La relación del Ejecutivo con el Tribunal de Cuentas es tensa desde hace tiempo y este dictamen forma parte de una serie de cuestionamientos recíprocos entre ambos organismos. Hace poco, la intendenta le solicitó al Concejo Deliberante que analice si los integrantes del Tribunal cumplen con los requisitos de idoneidad que exige la Carta Orgánica. Desde el organismo contestaron con dos presentaciones al Concejo: una cuestionando la falta de participación del Síndico Municipal (Elio Vélez) y otra pidiendo -por cuarta vez, según indica la nota- que informe las aceptaciones o rechazos de donaciones hacia el Municipio de Catriel desde 2024 a la fecha.
