El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires dispuso el decomiso de bienes y fondos por un total actualizado de $684.990 millones en el marco de la causa Vialidad. La resolución, firmada el 18 de noviembre de 2025, se aplica sobre activos vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, integrantes de ambas familias y sociedades comerciales asociadas.

La sentencia que habilitó la confiscación quedó firme el 10 de junio de 2025. En su versión original, el monto ascendía a poco más de $84.800 millones, pero fue actualizado tras un informe técnico elaborado por peritos judiciales, el Ministerio Público Fiscal y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. Luego de la revaluación, los condenados fueron intimados a cubrir la cifra, aunque ninguno cumplió con el requerimiento judicial.

El decomiso abarca propiedades y activos de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de inmuebles transferidos a los hijos de la exmandataria. El tribunal dispuso que, si estos bienes no alcanzan a cubrir el monto fijado, se avance con el remate de activos de otros condenados, entre ellos Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

A pedido de los jueces, la Fiscalía detalló el origen del patrimonio en cuestión e identificó bienes adquiridos entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. Las defensas de Báez, Kirchner y los demás involucrados solicitaron anular la medida al considerar que no se acreditó la relación directa entre los bienes alcanzados y las maniobras investigadas. También objetaron la inclusión de activos previos al ejercicio de cargos públicos y el alcance sobre propiedades ya analizadas en causas con sobreseimientos.

El tribunal sostuvo que la sentencia firme demostró que tanto Báez como la familia Kirchner obtuvieron beneficios económicos directos e indirectos vinculados a la adjudicación irregular de contratos viales, y que la confiscación responde al objetivo de resarcir el daño ocasionado a la administración pública.

Los bienes serán incorporados a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados, y la Corte Suprema definirá su destino según el reglamento vigente. La resolución deja abierta la posibilidad de sumar nuevos activos durante la etapa de ejecución, siempre que se ajusten a los parámetros establecidos por el tribunal.