El Banco Nación preadjudicó a la empresa Tech Security, vinculada a los hermanos del diputado nacional Martín Menem, un contrato por $3.917 millones para servicios de seguridad en su sede central y otras dependencias. El acuerdo prevé una duración inicial de 24 meses, con posibilidad de dos renovaciones.

Desde el entorno de Menem sostienen que el legislador transfirió su participación en la firma antes de asumir su banca, en diciembre de 2023. Sin embargo, en su declaración jurada presentada en noviembre de 2024 aún constaba que poseía el 15,66% de Tech Security, valuado en más de $91 millones al inicio del año. Esa participación fue luego omitida en el cierre del período.

La licitación se conoció días después de otra adjudicación relevante: en junio, la misma empresa obtuvo un contrato por $1.312 millones con el Hospital Universitario Fundación Favaloro. El oficialismo argumentó que se trató de una renovación de servicios ya prestados.

Tech Security también estuvo a cargo de la seguridad en el acto de presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park, en mayo de 2024. Aunque el gobierno aseguró que el costo del evento fue de $10 millones, versiones extraoficiales señalaron que la empresa habría facturado cerca de $35 millones. La falta de transparencia motivó incluso una aclaración pública de la editorial Planeta, desligándose de los gastos del evento.

Dentro del propio oficialismo, la maniobra generó tensiones. Según trascendidos, el presidente Milei expresó su malestar por el impacto mediático del contrato con el Banco Nación, en medio de disputas internas de su hermana Karina con sectores del riñón libertario, como Santiago Caputo y los propios Menem.

La adjudicación volvió a poner sobre la mesa un patrón que remite a los años noventa, cuando varios integrantes de la familia Menem fueron señalados por beneficiarse de vínculos estrechos con el Estado. Durante la presidencia de Carlos Menem, las privatizaciones, los contratos públicos y las designaciones familiares fueron eje de denuncias por conflictos de interés y presunto enriquecimiento. La repetición de este tipo de vínculos entre lo público y lo privado, aunque con nuevos protagonistas, plantea interrogantes sobre la continuidad de ciertas prácticas en la política argentina.

En su campaña presidencial, Javier Milei prometió “terminar con la casta” y cortar los privilegios de la política. Sin embargo, la continuidad de contratos millonarios entre el Estado y empresas vinculadas a familiares de altos funcionarios pone en duda la efectividad de esa promesa, y evidencia lo difícil que resulta, incluso para los «outsider», romper con las lógicas del poder.