Un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), advierte sobre el retroceso sostenido del poder adquisitivo de la clase media durante el primer año de gobierno de Javier Milei. El estudio identifica una transformación forzada del consumo y una pérdida de acceso a bienes y actividades históricamente vinculadas con este sector.

Según el relevamiento, el 59% del gasto de los hogares en 2024 se destinó a servicios esenciales, como energía, gas y transporte, un incremento de 10 puntos porcentuales respecto al año anterior. El informe atribuye este cambio al desfasaje entre salarios y tarifas, que llevó a muchas familias a modificar su canasta básica, resignando alimentos y productos de uso cotidiano.

“La clase media no solo vio deteriorarse su poder adquisitivo, sino también su posición social. La reconfiguración del consumo es prueba de esa erosión”, sostienen los investigadores. Y alertan que la aparente mejora salarial del último trimestre no compensa el impacto acumulado de la inflación y la pérdida de poder real.

Aunque el informe no lo menciona directamente, el escenario actual permite trazar un paralelismo con los años 90, cuando las políticas de ajuste y apertura económica lograron frenar la inflación a costa de un crecimiento de la desigualdad, el desempleo y la pobreza estructural. El actual contexto reproduce algunas de aquellas dinámicas, como la contracción del consumo y la presión sobre el gasto social.

Paralelismos con los años 90: estabilización económica y costo social

Aunque el informe de la UBA no establece comparaciones directas, el contexto actual guarda similitudes con el proceso de reformas estructurales impulsadas en la década del 90 bajo la presidencia de Carlos Menem. Entonces, la implementación del Plan de Convertibilidad permitió reducir drásticamente la inflación —que había alcanzado niveles hiperinflacionarios en 1989 y 1990—, pero lo hizo a costa de un ajuste profundo del gasto público, apertura económica, privatización de empresas estatales y una fuerte desregulación del mercado laboral.

Los datos oficiales muestran que entre 1991 y 1998, la inflación se mantuvo en niveles bajos, pero el desempleo pasó del 6,1% al 18,4% (INDEC). Al mismo tiempo, creció la informalidad y se incrementó la desigualdad de ingresos, fenómenos que afectaron especialmente a la clase media. También se produjo una reducción del salario real y una caída en la cobertura de derechos sociales.

Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, se registran algunas dinámicas similares: la inflación mensual bajó del 25,5% en diciembre de 2023 al 1,5% en mayo de 2025 (INDEC), pero a la par se observan recortes presupuestarios, despidos en el sector público, caída del consumo y aumento de la pobreza, que según la UCA alcanzó el 53% en el primer trimestre de 2025. La reconfiguración del consumo familiar, el crecimiento de la protesta social encabezada por los jubilados frente al Congreso y el deterioro de indicadores sociales claves remiten a aquel momento histórico.

Ambos contextos comparten la búsqueda de estabilización macroeconómica mediante políticas de shock, aunque con impactos sociales severos y tensiones políticas que marcaron —y vuelven a marcar— el pulso de una etapa de transformación profunda del Estado y la economía.