El hallazgo del cuerpo de Ruth Cisterna en el río Colorado puso fin a una difícil y dolorosa búsqueda que duró más de dos meses, pero fue el comienzo de controversias y contradicciones en torno a la difusión de imágenes del cuerpo que se viralizaron en diversos grupos de WhatsApp. Esto no es algo nuevo en Catriel; situaciones similares ocurrieron en otros casos judiciales previos, lo que refleja una problemática recurrente en el manejo de información sensible dentro de la comunidad.

Mientras que la fiscal Marcela Marchetti afirmó que las fotografías no habían sido tomadas por la policía ni por ninguna persona ligada a la investigación, los testimonios de los pescadores que encontraron el cuerpo presentan una versión distinta. En una entrevista con VientoSur Noticias, Eric y Javier, los dos pescadores que encontraron a Ruth, ofrecieron sus relatos sobre lo que pasó el día del hallazgo.

Eric declaró enfáticamente: «Nosotros no sacamos ninguna foto. La única reacción que atiné a tener fue llamar a la Policía». Según su testimonio, al llegar al lugar, dos policías procedieron a tomar fotografías de la situación. Javier, el otro pescador presente, corroboró esta versión, indicando que los policías, uno de los cuales suele trasladarse de forma particular en una moto chopera, cruzaron el río y tomaron fotos y grabaron videos apenas llegaron. Ambos pescadores insistieron en que ellos no tomaron imágenes y que la responsabilidad recae en los efectivos que acudieron al sitio.

«La verdad nos están responsabilizando a nosotros que sacamos la foto y no es así. Nosotros no queríamos ni estar ahí y los policías nos dijeron que nos quedemos. Eran dos policías nada más. No sé los nombres. Uno flaquito y otro más petiso y gordito, que suele andar en una chopera. Si los veo en fotos puedo saber quienes son», enfatizó Javier.

La difusión de estas imágenes despertó indignación en la familia, la comunidad y las autoridades. La fiscal Marchetti había solicitado que no se compartieran las fotografías, calificando su circulación como un acto inhumano y violatorio de la intimidad de la víctima y su familia. Además, la fiscal advirtió sobre posibles sanciones a quienes distribuyeran las imágenes, indicando que la Justicia rionegrina estaba en condiciones de rastrear su origen y actuar legalmente. De comprobarse que los responsables de la difusión son miembros de la fuerza policial, estos podrían enfrentar sanciones administrativas y ser imputados por el delito de violación a la intimidad, con eventuales causas por daños y perjuicios. Este tipo de acciones vulnera tanto la legislación en materia de protección de la privacidad como los protocolos establecidos para el tratamiento de evidencias en situaciones sensibles.

Más allá de la controversia sobre las fotografías, Eric y Javier también expresaron su malestar por la falta de apoyo y acompañamiento psicológico tras el hallazgo del cuerpo. «Nadie se acercó para ver si necesitábamos tratamiento. Nada. Ni la fiscal, ni la intendenta. Nadie», afirmó Eric, señalando el impacto emocional que la experiencia tuvo sobre ellos. Javier también confesó que no ha podido descansar bien desde el hallazgo: «Desde que encontramos el cuerpo no he podido dormir bien. Pero bueno, son cosas que pasan».

Ambos pescadores, visiblemente afectados, destacaron que no están pudiendo descansar bien y que esta situación les genera angustia e inestabilidad emocional. Eric agregó: «La verdad que por mi mente pasa de todo. Creo que no existen palabras para momentos como esos. Yo le doy para adelante por mis hijos. Ellos me sacan una sonrisa cuando me ven triste, me dan momentos de llorar mucho. Yo no tengo trabajo, salgo todos los días a vender rosquitas y torta fritas para mantenerme». Esta declaración revela el difícil contexto económico y personal que enfrenta Eric, agravado por el trauma del hallazgo.

La omisión de un acompañamiento adecuado refleja la falta de un enfoque integral por parte de las autoridades hacia quienes, sin proponérselo, se vieron involucrados en una situación tan traumática. La contradicción entre los testimonios de los pescadores y la versión oficial de las autoridades plantea dudas sobre la transparencia de los procedimientos realizados durante el operativo, mientras que el reclamo por el abandono emocional de los pescadores expone una deuda pendiente en la atención psicológica en situaciones de crisis, tanto para las víctimas directas como para aquellas personas que resultan afectadas de manera colateral.

La situación evidencia la necesidad urgente de que las autoridades establezcan mecanismos efectivos para el manejo de información sensible y brinden el apoyo necesario a quienes se encuentran involuntariamente involucrados en sucesos trágicos. Solo así se puede garantizar el respeto por los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.