La crisis del gas se profundiza en todo el país y deja al descubierto fallas estructurales en la política energética nacional. Hasta ayer, provincias como Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Neuquén seguían afectadas por cortes en el suministro, en plena ola de frío. Gobernadores e intendentes expresaron su malestar por la falta de coordinación y respuestas concretas del Gobierno de Javier Milei.

En este contexto, el Ejecutivo decidió fusionar el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) con el de Electricidad (ENRE), dando origen al nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. La medida, formalizada por decreto, reconoce las debilidades del sistema expuestas por la crisis. Los actuales interventores, Carlos Casares (Enargas) y Osvaldo Rolando (ENRE), continuarán en sus cargos hasta al menos julio de 2026.

La situación se tornó crítica en Mar del Plata, donde un corte histórico dejó sin gas a cientos de hogares y paralizó la actividad industrial y comercial. Dirigentes del peronismo apuntaron al freno de la obra de la planta compresora en Las Armas, que tenía un 80% de avance y hubiese evitado el colapso.

Además, se cuestiona la decisión del Enargas de modificar los parámetros de calidad del gas el año pasado, alineándose con intereses privados. La medida habría aumentado los riesgos de intoxicación con monóxido de carbono, una problemática en alza durante este invierno.

A la par de estas acciones, el Gobierno liberó los precios de las garrafas. Mediante el Decreto 446/2025, impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se eliminaron los precios de referencia del Gas Licuado de Petróleo (GLP), en medio de una demanda que creció un 30% interanual, según la Cámara de Empresas Argentinas del sector. La medida se enmarca en una desregulación general del mercado, que también elimina restricciones a la importación y exportación del producto.

En muchas zonas del interior sin red de gas natural, las garrafas son la única fuente de energía. La liberación de precios genera preocupación en sectores vulnerables, que dependen de este insumo para calefaccionarse, cocinar y calentar agua en medio del frío extremo.

Frente a la parálisis nacional, las provincias patagónicas avanzan con soluciones propias. Esta semana, los gobernadores de Río Negro, Chubut y Neuquén firmaron un acuerdo para reactivar la ampliación del Gasoducto Cordillerano. La obra, que beneficiará a más de 15.000 viviendas, será financiada con recursos provinciales, ante la inacción de Nación.

“Esta vinculación profunda entre nuestras provincias nos permite concretar uno de los hitos más importantes de la Patagonia”, afirmó el gobernador Alberto Weretilneck. Sus pares Ignacio Torres y Rolando Figueroa destacaron la unidad regional y la necesidad de que el gas que se produce en la región llegue efectivamente a sus habitantes.

La crisis del gas pone en evidencia los límites del ajuste y la desregulación sin planificación. Mientras el Gobierno nacional reorganiza entes, elimina controles y guarda silencio frente a los reclamos, las provincias buscan asegurar el abastecimiento por su cuenta.