En un inicio de año marcado por la polémica, el gobierno de Río Negro enfrenta fuertes críticas tras la no renovación de 448 contratos en diversos sectores de la administración pública. Los gremios UPCN, ATE y Asspur calificaron las medidas como «ajuste» y «vaciamiento», mientras que el gobernador Alberto Weretilneck justificó la decisión argumentando ausentismo y bajo desempeño laboral.

El conflicto comenzó con la finalización de contratos temporarios a trabajadores de áreas clave como la salud, la educación y la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Según los gremios, los despidos incluyen empleados con años de antigüedad y fueros gremiales, lo que agravó el malestar en diversos sectores sindicales.

Desde UPCN, liderado por Juan Carlos Scalesi, calificaron la situación como «la motosierra de Weretilneck», en alusión a las políticas de ajuste del gobierno nacional que también atribuyen al mandatario provincial. En un comunicado, el gremio denunció que estas medidas afectan el acceso a derechos fundamentales y exigió la reincorporación de los trabajadores despedidos.

Por su parte, ATE y Asspur también repudiaron las cesantías. ATE denunció despidos en el ministerio de Desarrollo Humano y en municipios como Chimpay, acusando al gobierno de reemplazar empleados cesanteados por «funcionarios políticos con sueldos millonarios». Asspur, que nuclea a profesionales de la salud, alertó sobre un «desguace» del sistema sanitario público tras la baja de 23 contratos en hospitales provinciales.

El gobernador Weretilneck negó que se trate de un ajuste y defendió la decisión como un mecanismo para «cuidar los recursos de los rionegrinos». A través de redes sociales, el mandatario aseguró que se renovaron 2.934 contratos y que las bajas (13,2% del total) respondieron a «ausentismo injustificado, sanciones disciplinarias y falta de compromiso laboral».

«Queremos un Estado eficiente y responsable, alineado con las necesidades reales de nuestra provincia. No podemos permitir que quienes no respetan su función sigan ocupando un lugar», declaró Weretilneck.

En respuesta, los gremios intensificaron sus medidas de fuerza. ATE realizó asambleas en varias sedes de la Senaf, declarando el estado de alerta y movilización. Asspur exigió el pase a planta permanente de los trabajadores cesanteados y cuestionó al gobierno por priorizar campañas de difusión sobre la salud pública.

En tanto, UPCN convocó a un diálogo urgente con el Ejecutivo para revertir la situación y explorar alternativas que preserven el empleo público. «Estas decisiones vulneran derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional», enfatizó el gremio en su comunicado.

El inicio de 2025 encuentra a la administración de Weretilneck en medio de tensiones por políticas que, según los gremios, reflejan ajustes estructurales que afectan tanto a los trabajadores como a los servicios esenciales. Por otro lado, el gobierno insiste en la necesidad de optimizar el funcionamiento del Estado y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

En las próximas semanas, se espera que las negociaciones entre el Ejecutivo y los sindicatos definan el curso de un conflicto que ya generó preocupación en amplios sectores de la sociedad rionegrina.