El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la ANSES, presentó una demanda contra Cristina Fernández de Kirchner para exigir la devolución de aproximadamente $1.000 millones que habría cobrado en concepto de jubilación de privilegio y pensión derivada de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner.

La medida se conoció luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena a la exmandataria en la causa Vialidad, aunque el reclamo está vinculado a los beneficios previsionales que percibía por su función como expresidenta y viuda de un exjefe de Estado.

En paralelo, el Gobierno también accionó contra el exvicepresidente Amado Boudou. La ANSES le reclama más de $236 millones por haber cobrado una asignación mensual vitalicia que, según el organismo, no le correspondía tras su condena penal. La demanda fue presentada ante la Justicia Civil y Comercial Federal. Boudou fue condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión por delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone.

En respuesta, Cristina Kirchner anunció que se presentará el 18 de junio en los tribunales de Comodoro Py para defender su solicitud de prisión domiciliaria. Argumentó que no se trata de un privilegio, sino de una medida de seguridad derivada de su condición de expresidenta y del intento de magnicidio que sufrió en 2022. “Es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, sostuvo a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, no se conocieron declaraciones del entorno oficial sobre posibles acciones similares contra otros exfuncionarios que hayan percibido beneficios previsionales especiales.