La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a llenar las calles del país este martes 12 de mayo, pero dejó una señal política más profunda que la foto de una movilización masiva: el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas ya no se discute solo en términos presupuestarios. Ahora también se juega en el terreno judicial e institucional.

Bajo la consigna de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, estudiantes, docentes, nodocentes, rectores, sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal fue en Plaza de Mayo. En la Patagonia, la convocatoria tuvo fuerte presencia en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con marchas y actividades impulsadas por comunidades universitarias regionales. En Neuquén capital, medios regionales reportaron más de 30 mil personas movilizadas.

En Río Negro y Neuquén, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro habían convocado en conjunto a la marcha federal. La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, y el rector de la UNRN, Anselmo Torres, presentaron el llamado como una defensa de la ley de financiamiento y del sistema universitario público en el interior del país.

El dato que diferenció esta marcha de otras protestas universitarias fue el avance del conflicto judicial. Pablo Manili, abogado constitucionalista y patrocinante de la demanda impulsada por 59 universidades nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional, afirmó que se trata de un caso sin antecedentes: “Es la primera vez en la historia argentina que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley”.

Según explicó Manili, la causa comenzó en octubre de 2025, luego de que el Poder Ejecutivo no aplicara la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso. En diciembre, la Justicia dictó una medida cautelar que ordenó garantizar los llamados créditos alimentarios, vinculados a salarios docentes, nodocentes y becas estudiantiles. En febrero de 2026, la Cámara de Apelaciones confirmó esa cautelar. Sin embargo, de acuerdo con el planteo de las universidades, el Gobierno volvió a apelar y busca llevar el caso a la Corte Suprema.

Ese punto es central para entender por qué la protesta ya excede el reclamo salarial. Las universidades no solo denuncian falta de recursos: sostienen que el Ejecutivo incumple una ley votada por el Congreso y resoluciones judiciales que ordenan aplicarla. Por eso, el conflicto quedó planteado en tres planos simultáneos: la calle, el Congreso y los tribunales.

El documento difundido por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional habló de 203 días sin aplicar la ley y advirtió sobre una situación presupuestaria crítica. Según ese planteo, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026. El mismo dato fue retomado por medios nacionales y organismos universitarios como parte del diagnóstico del sector.

La discusión ya no pasa solo por el presupuesto universitario: el conflicto escaló hacia el cumplimiento de una ley votada por el Congreso y respaldada por la Justicia.

Chequeado también registró el deterioro del financiamiento universitario: en el primer cuatrimestre de 2026, el presupuesto destinado a universidades cayó 7,9 % real interanual y 30,7 % respecto de 2023. Además, señaló que los salarios docentes cayeron 34,2 % desde noviembre de 2023.

El impacto no se limita a las aulas. Rectores y sindicatos advierten que el ajuste afecta salarios, becas, investigación, hospitales universitarios, obras sociales y funcionamiento cotidiano. Las Becas Progresar, las Becas Manuel Belgrano y las becas vinculadas a vocaciones científicas aparecen entre los puntos más sensibles del reclamo, porque inciden directamente en la permanencia de estudiantes de sectores populares dentro del sistema.

En la Patagonia, ese aspecto tiene una dimensión particular. Para muchas localidades del interior, la universidad pública no es solo una institución educativa: es una herramienta de arraigo, movilidad social, formación profesional y desarrollo regional. En ciudades como Neuquén, General Roca, Bariloche, Viedma y Cipolletti, la presencia universitaria permite que miles de jóvenes estudien sin tener que migrar definitivamente a grandes centros urbanos.

Por eso, la marcha del 12 de mayo no puede leerse únicamente como una protesta sectorial. La discusión de fondo es si el financiamiento universitario depende de una decisión discrecional del Gobierno de turno o de una obligación legal aprobada por el Congreso y exigida por la Justicia.

El Gobierno nacional, por su parte, sostiene su política de equilibrio fiscal y cuestiona el impacto presupuestario de la norma. Pero la controversia abierta por las universidades apunta a otro punto: cuando una ley está vigente y existen resoluciones judiciales que ordenan cumplirla, el desacuerdo político no alcanza para suspender su aplicación.

La Corte Suprema aparece ahora como el próximo escenario de una disputa que ya dejó de ser estrictamente universitaria. Lo que comenzó como un reclamo por presupuesto terminó convertido en una discusión sobre educación pública, división de poderes y cumplimiento de la ley.

La marcha mostró volumen en la calle. Pero el conflicto más profundo quedó escrito en los tribunales.