Mientras los incendios forestales avanzan en la Patagonia —con focos que afectan a Chubut y presión sobre localidades como El Hoyo y Epuyén, además de complicaciones en zonas como El Chaltén— el operativo de combate convive con denuncias sobre el estado del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), su financiamiento y las condiciones laborales de quienes trabajan en primera línea.

Según la información oficial, los brigadistas del SNMF perciben salarios de entre $600.000 y $800.000 según la zona, montos señalados como por debajo de la línea de pobreza. A esa situación se suma la falta de descanso adecuado vinculada a la cantidad de personal contratado: actualmente son 391 brigadistas, frente a 430 el año pasado. En el mismo planteo se afirma que un servicio eficiente requeriría un mínimo de 700 brigadistas.

El debate se da además en un contexto de reducción de recursos. Se indica que los fondos del SNMF disminuyeron un 75% desde 2024 hasta inicios de 2026. En el texto citado de organizaciones ambientalistas, se afirma que, de acuerdo a la Ley de Presupuesto 2026, la partida del Servicio sería de $20.131 millones, con una caída real del 69% respecto de 2023 y del 78,5% respecto de 2025.

El mismo comunicado sostiene que en 2024 el Gobierno nacional ejecutó 22% del presupuesto asignado al SNMF y que en 2025 se habría repetido la subejecución, dejando sin ejecutar 25% de los recursos, lo que —según esas organizaciones— equivale a “casi $20.000 millones” que podrían haberse destinado a infraestructura, equipamiento, capacitaciones y condiciones laborales. También advierten una reducción en metas operativas: horas de vuelo previstas para 2026 por 3.100, frente a 5.100 programadas en 2023 (con 3.058 concretadas, según el mismo texto). En paralelo, se menciona una baja en informes de alerta temprana y evaluación de peligro: de 2.310 previstos en 2025 a 1.850 en 2026.

En el plano normativo, la discusión incorpora el intento del Gobierno nacional de llevar al Congreso la derogación de la Ley de Manejo del Fuego. En la información aportada se señala que la norma, aprobada por el Congreso a fines de 2012, estableció presupuestos mínimos de protección ambiental ante incendios forestales y rurales y creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego, con objetivos vinculados a la preservación del ambiente, la seguridad de la población y herramientas para la intervención estatal en focos activos.

En 2020 el Congreso modificó la ley, incorporando restricciones al cambio de uso de superficies afectadas por incendios: 60 años para bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales. Esa reforma buscó desalentar la transformación productiva o inmobiliaria de tierras incendiadas, especialmente ante sospechas de intencionalidad.

En ese marco, el Gobierno actual, expresó en el informe del Consejo de Mayo su decisión de revertir esa política. Según Manuel Adorni, vocero presidencial, “se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio, una ley del diputado Máximo Kichner que atenta directamente contra la producción”, junto con la derogación de artículos vinculados a las restricciones de uso y destino de la tierra dentro de la Ley 26.815 y la restitución de una versión previa del artículo 22 bis anterior a la reforma de 2020.

En paralelo, Kirchner pidió al Presidente que desista del plan y sostuvo: “La única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy. Da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos”.

Con el incendio iniciado el 5 de enero de 2026 en Puerto Patriada (zona del lago Epuyén) aún activo en la Comarca Andina y con medidas como cortes y reaperturas de la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo reportadas en la cobertura previa, el debate sobre recursos, dotación y marco legal del combate del fuego queda ligado a decisiones presupuestarias y legislativas que atraviesan el presente operativo.