Los incendios forestales en la Patagonia dejaron un saldo devastador: más de 71.300 hectáreas arrasadas en Chubut, Río Negro y Neuquén, cientos de viviendas destruidas y una grave crisis ambiental. En El Bolsón, el fuego consumió más de 3.392 hectáreas y destruyó más de 100 casas, mientras que en Epuyén las llamas avanzaron sobre 3.600 hectáreas, afectando viviendas y plantaciones. En Neuquén, los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi sufrieron la mayor pérdida de territorio, con más de 25.000 hectáreas quemadas.

A pesar de la magnitud del desastre, la falta de inversión en prevención y combate del fuego quedó en evidencia. En 2024, solo se ejecutó el 22% del presupuesto nacional destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, lo que dejó a las provincias con recursos limitados para enfrentar la emergencia. La respuesta oficial fue tardía y fragmentada. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó la región recién 12 días después del inicio de los incendios y anunció la creación de una Agencia Federal de Emergencias, sin precisar financiamiento ni estrategias concretas. En paralelo, impulsó una reforma del Código Penal para endurecer penas contra quienes inicien incendios, en un contexto donde la justicia ha detenido a varias personas con acusaciones débiles y ha liberado a casi todas por falta de pruebas.

El avance del fuego reavivó las sospechas sobre un trasfondo económico y político. Organizaciones locales y pobladores denuncian que los incendios no solo responden a factores climáticos o negligencias aisladas, sino que están relacionados con un modelo de desarrollo que dejó la región vulnerable. En Epuyén, la expansión del monocultivo de pinos es señalada como un factor clave en la propagación del fuego. Introducidos en la década del 50 para la industria maderera, estos bosques fueron abandonados sin control ni medidas de prevención. Claudia Sastre, comunicadora de Radio Asamblea Epuyén, denunció que «el pino fue el detonante del incendio. No hay exigencias a los propietarios para limpiar sus forestaciones y el Estado no aplica sanciones. Esto se pudo haber evitado.»

En El Bolsón, el fuego se originó en la reserva natural de Mallín Ahogado, una zona donde la falta de regulación permitió la expansión del turismo sin medidas de protección ambiental. Manuel De Lucía, brigadista forestal de la zona, advirtió que «nos están corriendo del territorio con el fuego para avanzar con el negocio inmobiliario y turístico. Esto no es casualidad.» Proyectos como Senderos del Epuyén, impulsados por empresarios privados, intentaron urbanizar áreas afectadas por el fuego, lo que despierta fuertes sospechas sobre la relación entre los incendios y la especulación inmobiliaria. Además, la adhesión de Río Negro y El Bolsón al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) genera preocupación entre los pobladores, que temen un avance sobre sus territorios tras la destrucción.

En este contexto, la respuesta de los gobiernos provinciales está marcada por la criminalización de comunidades mapuches. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres señaló a las comunidades originarias como responsables de los incendios. En consecuencia, se llevaron a cabo detenciones arbitrarias y allanamientos en radios comunitarias y comunidades indígenas. Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillan Mahuiza, denunció que «lo que hacen Torres y Milei es ocultar su incapacidad para manejar los incendios y tratar de responsabilizar al Pueblo Mapuche.»

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue más cauto con sus palabras. “A quienes lo hicieron, a quienes lo justifican, a quienes lo reivindica, que no nos vamos a olvidar, los vamos a seguir buscando”, lanzó y señaló que no existe “ningún justificativo social, político ni reivindicativo” para fundamentar los incendios.

Mientras la emergencia persiste y las llamas siguen avanzando, la reconstrucción de las viviendas y la infraestructura afectada se vuelve urgente. El gobierno de Río Negro anunció la entrega de $30 millones a cada familia que haya perdido su hogar y $15 millones para aquellas que sufrieron daños parciales. En total, se destinarán $5.000 millones para la reconstrucción de viviendas y la recuperación productiva. Sin embargo, la comunidad se organiza de manera independiente ante la falta de recursos estatales, desplegando brigadas comunitarias para combatir el fuego, abastecer de agua y alimentos a los damnificados y planificar la reconstrucción.

En un escenario de incertidumbre, las preguntas siguen sin respuesta: ¿por qué el Estado no previno estos incendios? ¿Quiénes se benefician de la destrucción de los bosques y tierras productivas? ¿Qué modelo de desarrollo se impondrá en la Patagonia después del desastre? Mientras tanto, las comunidades afectadas resisten y organizan su propio futuro. Como se repite en Mallín Ahogado: «Apaguemos el fuego y sembremos.»