Los 15 diputados opositores de la Comisión Investigadora Libra presentaron este martes el informe final sobre el caso $LIBRA, donde concluyen que “los hechos investigados hacen necesario que el Congreso evalúe si el Presidente incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”. El documento, leído por el presidente del cuerpo, Maximiliano Ferraro, sostiene que la evidencia reunida vincula directamente a actores financieros que habrían operado para monetizar la imagen presidencial.

Según Ferraro, “la información y el material probatorio reunidos confirma los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales”. El análisis técnico sobre movimientos en blockchain registró flujos de fondos coincidentes con los montos y fechas detectados en investigaciones previas, lo que —según el informe— describe un presunto acuerdo de cooperación destinado a promover y capitalizar la criptomoneda.

El texto señala que los hechos son compatibles con los establecidos en el artículo 172 del Código Penal, que tipifica la estafa, y afirma que “el Presidente habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra”. Uno de los elementos centrales es que “el Presidente publicó un número de contrato que no era de acceso público”, y cuya procedencia —según el informe— “sigue sin explicar”. Para los legisladores, ese dato refuerza la hipótesis de un contacto previo con los desarrolladores de $LIBRA.

Los diputados también sostienen que el caso no se trataría de un episodio aislado. El secretario de la comisión, Juan Marino, apuntó que existen antecedentes que siguen un patrón similar: CoinX, Vulcano y Kit Protocol, donde se repiten nombres vinculados al caso actual. Para Marino, el denominado Criptogate “no es solo una presunta estafa sino un modus operandi que podría determinar otros tipos penales”.

La comisión revisó además la resolución de octubre de 2025 de la jueza neoyorquina Jennifer Rochon, que menciona que “los dueños de los fondos obtenidos con $LIBRA podrían ser Javier Milei y Karina Milei”. Para los diputados, esto exige “una respuesta institucional acorde” por parte de los poderes del Estado argentino.

En el cierre del informe, los legisladores afirman que los hermanos Milei tienen responsabilidad política en la sucesión de hechos vinculados al caso y piden que el Congreso determine si corresponde avanzar en un planteo formal por mal desempeño presidencial. También anticiparon que iniciarán acciones penales contra funcionarios que obstaculizaron el acceso a la información, y que presentarán un recurso ante la Corte Suprema por la negativa de agentes judiciales a colaborar con pedidos de auxilio de la fuerza pública para asistir a la comisión.