R.A.B., una vecina de Catriel que lucha contra una infección en su rodilla izquierda, tuvo que recurrir a la justicia para acceder al servicio de salud. Hace más de cuatro meses, solicitó un espaciador articulado, dispositivo crucial para contener la infección y aliviar el dolor que la atormenta día a día. La falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud y el Hospital de Catriel la obligó a recurrir a la justicia, presentando un amparo para exigir el derecho a su salud.

Afectada por un cuadro que requiere reemplazar el espaciador cada seis meses, R.A.B. enfrenta una situación que va más allá de la enfermedad: vive sola, no puede trabajar y depende de la ayuda de otras personas incluso para tareas tan básicas como bañarse.

El dolor la acompaña cada día, tratándolo con medicamentos fuertes como tramadol y pregabalina.

La urgencia de su caso, que requiere una intervención quirúrgica para colocar una prótesis de titanio debido a su alergia al metal, llevó a la jueza Gabriela Lapuente a intervenir.

En su fallo, la magistrada destacó que la falta de acción por parte del Ministerio de Salud no solo prolonga el sufrimiento de la paciente, sino que también vulnera sus derechos más básicos.

«El derecho a la salud y a vivir una vida digna no puede esperar», afirmó, al considerar que la situación de R.A.B. representa una violación clara a los principios constitucionales y tratados internacionales que protegen este derecho.

El pedido de R.A.B. fue claro desde el principio. En junio, había solicitado formalmente el espaciador en el Hospital de Catriel, pero su solicitud se sumió en el silencio administrativo. Las respuestas, si es que llegaron, solo lo hicieron de manera parcial y sin ofrecer soluciones concretas. El expediente en el Ministerio de Salud indicaba que el trámite estaba en curso, pero los plazos se extendieron más allá de lo tolerable para una persona que vive con dolor constante.

Con la intervención judicial, el fallo ordena al Ministerio de Salud que en un plazo de 72 horas entregue el espaciador y garantice la cirugía que R.A.B. necesita. De no cumplir con la orden, el ministro responsable podría enfrentar sanciones penales, lo que refleja la gravedad de la inacción estatal en este caso.