Efectivos activos y retirados de la Policía y el Servicio Penitenciario de Río Negro elevaron un petitorio dirigido al gobernador Alberto Weretilneck, en el que detallan 14 puntos vinculados a salarios, condiciones laborales y garantías institucionales.

El documento plantea como eje central un haber inicial de $1.800.000 desde el cargo base de agente, con el argumento de garantizar la seguridad alimentaria del personal policial y penitenciario. También solicita que se respete la Ley de Sueldos N° 679, que regula la composición salarial.

Entre los puntos incluidos, se exige el pago de juicios con sentencia firme vinculados a la zona desfavorable, la reducción de los tiempos de demora en el pago de reajustes al sector pasivo y el cumplimiento del cronograma para ese adicional.

El petitorio reclama además el respeto a la pirámide salarial del 6 a 1 y el reconocimiento económico a funciones que implican mayor responsabilidad y riesgo, como choferes, jefes de calle y oficiales de servicio.

De acuerdo con los últimos parámetros oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la línea de pobreza para un hogar tipo —dos adultos y dos menores— supera el millón de pesos mensuales a nivel nacional. En la región patagónica, por el mayor costo de vida, ese umbral es más alto, lo que incrementa el impacto de la inflación sobre los ingresos de las familias. En ese contexto, el Consejo sostiene que los salarios actuales no alcanzan a cubrir el costo de vida en la región.

En materia laboral, el documento solicita garantizar la movilidad gratuita para quienes prestan servicios lejos de su residencia, el cumplimiento estricto de los horarios de descanso y la provisión permanente de uniformes para todo el personal.

También incluye el pedido de tratamiento digno para quienes asisten a gabinetes psicológicos, con la premisa de que esa situación no afecte su carrera profesional.

En sus puntos finales, el texto reclama el pago retroactivo a pensionadas por la aplicación de la Ley 5505, la creación de una mesa de diálogo permanente con participación del Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, y que no se adopten medidas administrativas ni represalias contra el personal que se manifieste.

El documento fue presentado en el marco del reclamo salarial que mantiene desde hace años un sector de la fuerza.

El anuncio del acampe se produce luego de que el Ejecutivo informara una actualización salarial del 6,79% para febrero, compuesta por un ajuste por inflación y un adicional específico, además de una suma fija de $250.000 en dos cuotas.

El Consejo anticipó que la permanencia en la capital provincial será por tiempo indeterminado hasta que se habilite una instancia de negociación directa con el Gobierno.